“Mirá vos, Trelew -que está a casi 4 mil kilómetros de La Paz (Bolivia), que es Patagonia, donde la mayoría es descendencia de inmigrantes galeses, donde el único laburo que hay es la minería, y no es mucha, ¡eh!- se está llenando de bolivianos. La crisis en América debe estar muy mal desde que los bolivianos -que son muy buenos trabajadores, ¡eh!- quieran irse para Argentina, donde la inflación está disparada y donde ya se habla de un nuevo corralito como el de hace diez años”.

Lo anterior me lo dijo Ramón, un argentino con el que me senté a hablar hace poco y, junto a uno francés y alemán el tema de conversación giró en torno a la crisis económica mundial. “¿Y cómo llevan la crisis en Colombia? O al menos de... ¿De dónde sos vos? ¿Manizales? ¡Ah, donde está el volcán este... y el Once Caldas!”. La crisis en donde vivo, a ver... por dónde comenzar...

Tal vez Colombia no esté en crisis económica como otras naciones, o al menos así lo reportó el DANE esta semana (el país creció en un 5,9% en el 2011). Pero sí tiene una grave crisis de valores. Los principales temas de la agenda noticiosa diaria -la violencia urbana, los ataques guerrilleros a la población rural, los carruseles de las contrataciones y de las pensiones, la narcoparapolítica, la farcpolítica y el show mediático de las liberaciones, lo absurdo de las regalías- son síntomas de la degradación de estos valores.

Nos hemos vuelto una nación de perro come perro, donde cada quien vela por sus intereses. Y si se está en un cargo de poder, hay que sacarle provecho a ello. Le contaba a Ramón que en Manizales tenemos unos personajes que se aferran a sus puestos, como Fernando Montoya Salazar, gerente saliente del Patrimonio Autónomo de la ciudad, más interesados en mantener sus salarios de 16 millones de pesos que en buscar el bienestar de su comunidad. Eso sí, muy digno alegó acoso laboral y estrés.
 

Pero Montoya lo hace porque todos los demás lo están haciendo. Lo hacen los senadores y los congresistas al aprobar leyes que les favorecen a ellos y no al resto de ciudadanos. Lo hicieron en la DIAN, donde una funcionaria le pagó cirugías plásticas a sus subalternos con tal de que callaran las ilegalidades que allí se cometían. Lo hicieron en la Dirección Nacional de Estupefacientes al entregarle propiedades expropiadas a los narcos a algunos políticos regionales. Lo hacen los industriales al evadir impuestos mediante tretas legales. Lo está haciendo la Corte, al robar el erario con esas tramposas y amañadas pensiones que están tramitando.
 

Entonces, como ciudadano uno se siente impotente; como colombiano, sin esperanzas. Si lo hacen ellos, ¿Por qué el resto no puede? “En Colombia hay que hacer plata por lo legal o por lo ilegal. Es parte de esa herencia traqueta que nos dejaron lo mafiosos”, les dije a los contertulios.

“¿Herencia narco? ¡Esa es herencia española! A Colombia la fundaron unos ladrones con permiso de los reyes; luego de que se les llevaron el oro dejaron a sus hijos para que se robaran lo que quedaba. Esa tierra da tanto, que se la siguen robando”. Y tiene razón Ramón.

Recordé entonces al Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explicando hace unas semanas en Hora 20 la Ley de Restitución de Tierras. Ante los panelistas de turno (entre los que estaban el senador Jorge Enrique Robledo y el periodista Antonio Caballero) habló del proyecto -que ilusionó a muchos, pues por fin se haría justicia con los desplazados- y entre líneas dio a entender que serán los desplazados (la mayoría campesinos pobres sacados a la fuerza de una día para otro) quienes deberán demostrar que son dueños de esos terrenos, y no los poderosos terratenientes (muchos aliados con los narcoparamilitares) que ahora dicen ser dueños. Un absurdo que Caballero ilustró recientemente en una caricatura (revista Semana No. 1559), donde un pobre en un semáforo dice: “Ahora el hijueputa es uno”.

“Al menos nuestros hijueputas tienen algo de dignidad”, dijo Matthias, el alemán que estaba con nosotros, haciendo referencia al presidente de Alemania, Christian Wulff, que renunció hace poco por presunta corrupción. Porque hasta eso parece que perdimos en Colombia.