"Profesor: ya no sé qué hacer con él, no quiere estudiar, yo lo mando y él se va para todas partes, menos para la escuela; se consiguió unas amistades que me lo tienen acabado, anda enredado en esa porquería de las drogas, me roba las pocas cositas que tengo en la casa, me grita, no me obedece y hasta ya ha intentado pegarme…".

Seguramente muchos profesores y padres de familia que lean este artículo encontrarán algo familiar y les parecerá que narro una historia muy próxima a ellos; la verdad, se volvió una escena recurrente en las escuelas de la ciudad y del país; he tratado de expresar uno de los dramas más graves que viven las familias y las escuelas actualmente, con el consumo de sustancias psicoactivas (PSA), comúnmente conocido como drogadicción. La anécdota que he narrado sucedió con un niño de once años, pero esa tipología comportamental es casi genérica en aquellos chicos que andan contagiados por esa epidemia que avanza con una fuerza despiadada y que hace estragos en la vida de nuestros niños y jóvenes. Al punto vuelve inviables sus proyectos de vida y los procesos pedagógicos de la escuela. Muchas son las preocupaciones que me surgen cuando evidencio el desespero y la angustia de tantos padres que viven esta dramática situación, pero en esta ocasión solo me voy a referir a la política pública de intervención preventiva y curativa.

Recuerdo que hacia finales de la década de los noventa, se detectó en Santander la importación de unas ovejas que resultaron infectadas con un virus contagioso y mortal; pues bien, también recuerdo que el ICA y el Ministerio de Agricultura movilizaron el país con decidida voluntad, aislaron los animales infectados, tomaron medidas de prevención con toda la población ovina y se adoptaron estrategias de emergencia acordes con la gravedad de la situación; por supuesto que estoy de acuerdo con estas medidas, las cuales dan muestra fiel del compromiso del Estado con la salud pública de los seres vivos; lo que me pregunto ahora es: ¿por qué si la drogadicción, que cada día cobra más víctimas y podríamos considerar como un fenómeno epidémico y de salud pública, no se interviene con el mismo afán y con la misma decisión? Este mal es altamente agresivo, todos evidenciamos cada día sus nefastas consecuencias, toca a las puertas de nuestros hogares y de nuestras familias, cada vez con más proximidad; de ahí, las preguntas:

¿Quién no tiene una persona cercana a sus afectos que padezca este maldito virus? Si proteger la vida de sus habitantes no es prioridad del Estado, entonces ¿cuál es su principal misión?

¿Tendrá sentido diseñar proyectos de innovación, ciencia, tecnología, emprendimiento, por mencionar algunos, cuando tenemos una buena parte de la población carente de voluntad, de carácter, incapaz de tomar decisiones de calidad, todo por los desgraciados efectos de la droga?

Ante un mal tan agresivo, ¿serán esperanzadores los tímidos programas de prevención al consumo de drogas psicoactivas que se ofrecen desde las entidades del Estado?

Yo, personalmente, pienso que no; este mal nos ha tomado mucha ventaja y las escuelas, las familias y el Estado no hemos sido efectivos en los programas de prevención; según los expertos en estas temáticas, las instituciones que en el mundo se dedican a las terapias curativas poseen enormes niveles de ineficiencia, los tratamientos más exitosos solo alcanzan una efectividad en un 5% de la población atendida; este presupuesto es una pésima noticia para quienes viven este drama; así mismo es una grandísima exhortación para la política de prevención; el éxito no está en atender la población infectada, aunque hay que hacerlo y darle un tratamiento profesional, el éxito lo tenemos en manos de las políticas de prevención, las cuales requieren de voluntad por parte del gobierno, compromiso de las entidades del Estado, y mucha voluntad de las familias.

Llamo la atención de los parlamentarios de este departamento para que sean quienes promuevan en el Congreso de Colombia una reforma estructural en materia de prevención, que se eleve a política pública, que cuente con los recursos suficientes y que se atienda con efectivos programas de rigor científico, administrados por profesionales de probada idoneidad; soy consciente de que los recursos son escasos, pero también de que este fenómeno merece ser atendido con prioridad, toda vez que la viabilidad de este país está seriamente amenazada por la crisis psicosocial que lo afecta.