Un grupo de manizaleños, y ahora que estuvo una comisión española de visita, con más insistencia, propone convertir la carrera 23, entre las calles 18 y 32, en un amplio andén donde solo la policía, bomberos y ambulancias podrían transitar, todos los otros carros estarían vetados. Según ellos, esto sería un paraíso para los peatones y sería la forma de recuperar el Centro histórico de la ciudad.

Yo tendría unos reparos. Diría que el culmen de un proceso de recuperación de un centro histórico sería su peatonalización, no al revés. Peatonalizar antes de poner en marcha un inteligente proceso de recuperación es como ponerse los calzoncillos sobre el pantalón, en este caso el orden sí altera el resultado. Tenemos en Manizales una alarmante experiencia del uso del espacio público, especialmente con los vendedores ambulantes. Diría que una peatonalización será exitosa el día que no haya vendedores ambulantes, que estos comerciantes sean satisfactoriamente reubicados. Peatonalizar la 23 bajo las condiciones actuales es convertir ese espacio emblemático en un terreno solo apto para que las mafias de las ventas callejeras expandan su negocio. Oímos el año pasado las enseñanzas del alcalde de Quito, el general Moncayo, de cómo enfrentó este problema, y cómo le dio una magnánima solución; yo a esa experiencia le haría unos anexos. Al ser un espacio que nos pertenece a todos, el Estado le puede dar un permiso transitorio a un beneficiario, siempre y cuando le aporte algo a la comunidad. Pondría de condición para las ventas callejeras un número específico de puestos y productos. Les exigiría a los beneficiarios una permanencia en la ciudad de por lo menos 5 años. Los pondría a participar en cursos de capacitación técnica y humana, y les daría el permiso máximo por dos años. Una vez vencido el plazo, otra familia se podrá beneficiar con ese aberrante permiso. A todos los que no están en esa lista y los que osarían a infringir este plan, o los que creen que con lo público se juega, bajo el amparo de un mal entendido derecho fundamental, los haría acreedores de todo el peso de la ley. Argumentos como que el desempleo se combate sacrificando el espacio público, se los inventaron unos políticos y unos funcionarios para no encarar el problema desde la raíz y captar unos votos. Después de que este plan sea aceptado y haya una política concisa del espacio público en ese sector se podrán pensar en extender los andenes. De lo contrario perderemos ese espacio y, por supuesto, lo que nos resta del Centro histórico.

Otro argumento que pone en duda la bondad del cerramiento de la 23 para carros, es el impacto que pueda tener sobre el comercio adyacente ya que el comercio sano impide que se lumpenice un sector. Si la peatonalización podría causar el deterioro o la quiebra al comercio decente, la peatonalización sería la causa de que esta carrera se convierta en un gran lupanar donde los tradicionales vicios instauren su reino. Los bingos y salones de juegos, ventorrillos, cafeterías y ventas de mercancía china cuando se convierten en el tono comercial de un sector, fracturan el tejido "comercial" con todas sus bondades civilizatorias. En ese mismo instante el Estado pierde su jurisdicción y la asumen las fuerzas oscuras. Ya no estaríamos oyendo que se subió la Galería a la 23, oiríamos a la gente decir que llegó el Solferino al Centro, u otro barrio que perdió su tejido social.

Referente a las edificaciones patrimoniales, estas no las salvará un bulevar que atraviese el sector antiguo. Para ello se necesita un plan que le dé herramientas al Estado para intervenir y oportunidades para el dueño para aliviar la carga económica que significa una construcción con esas características. Los centros históricos del país los podrá salvar la ley cuando reglamente, porque no lo ha hecho, cómo se debe proceder en la práctica con este patrimonio arquitectónico. Hasta el momento los centros los han salvado personas ricas, enamoradas de lo antiguo, que de sus inmensas riquezas destinan un poco para salvar esos testigos del pasado. El Estado, basándose en una incompleta legislación, solo sabe articular la situación de una restauración si el edificio es público. Para un edificio particular no hay créditos, apoyo, ni orientación. Y con las exoneraciones de impuesto predial poco se ha avanzado, en muchos casos valen más los estudios que la misma intervención. En Manizales, de 216 edificios patrimonio arquitectónico solo seis se han acogido a la exoneración del impuesto predial.

Me temo que una Alcaldía timorata e indecisa en lo político, para quedar bien con la opinión pública, crea hacer la gran obra por el Centro Histórico, dando ese paso mal calculado.

Vale la pena recalcar que el Centro Histórico de Manizales se salva con planes integrales, planes que requieren lideres sólidos, que tengan sentido común y un gran respeto por la tradición de esta ciudad.