Si hay un consenso nacional es el desastre que tenemos en nuestro aparato judicial. Hoy hay una justicia politizada, ineficaz, mediática y que no está a la altura de los retos que tiene Colombia. Así de sencillo y claro es el diagnóstico. De ahí que sea necesaria una reforma estructural a ese poder público.

Hay que comenzar por la Fiscalía General de la Nación. En ningún país con sistema penal acusatorio la Fiscalía es independiente del poder ejecutivo. No es posible manejar una política criminal en la que hay que rogar para tener fiscales especializados que de la mano de la Fuerza Pública combatan a las Farc y sus milicias, las bacrim y el narcotráfico con sus organizaciones criminales y de paso solucionen de manera efectiva los otros delitos de alto impacto que hoy afectan a los colombianos.

La Fiscalía debe ser parte del Ejecutivo. De esta manera, el presidente responde políticamente por la eficacia, o no, de esta institución. Casos como el de Sigifredo López o el de Colmenares, que hoy con impunidad absoluta hacia el funcionario y la entidad, pululan a todo nivel en Colombia.

Crear una supercorte con magistrados vitalicios es una necesidad. La Corte Suprema de Justicia quebrantó la Constitución con las ternas para Fiscal hace unos años y no pasó nada. Esta nueva Corte con su propio e independiente equipo de investigación y acusación debe juzgar a todos los aforados de alto rango, presidente, vicepresidente, ministros, magistrados de las altas cortes, congresistas, procurador, fiscal, contralor y generales de la República. Con esto se acabaría la comisión de acusaciones del Congreso.

El Consejo Superior de la Judicatura debe desaparecer. Hay que crear otro órgano rector y administrador de la rama judicial sin políticos de por medio. Una entidad técnica que gerencie la rama con una Corte Suprema que investigue jueces y magistrados de menor rango en lo penal y disciplinario.

Se debe crear una jurisdicción especial, con legislación adecuada, parecida a la de los jueces regionales que se utilizaron para luchar contra el narcotráfico a principios de los 90. Esta debe solo utilizarse para trabajar de la mano de la Fuerza Pública en zonas de rehabilitación como el Cauca, el Caquetá o el Catatumbo para poder combatir organizaciones criminales enquistadas en esas zonas durante años.

Hay que crear constitucionalmente esas zonas de rehabilitación con control de la supercorte. Desbaratar esas organizaciones criminales requiere de un tratamiento jurídico especial no las leyes y la jurisdicción de un país en normalidad.

Los mayores de 14 años que cometan delitos violentos como asesinatos o terrorismo deben ser juzgados como adultos. No puede ser que quien colocó la bomba contra Fernando Londoño o un experto explosivista de las Farc, como me lo contó la Fuerza Pública, tengan el beneficio de la inimputabilidad.

La reincidencia para delitos violentos debe ser castigada con la mayor severidad. Colombia necesita una ley de tres strikes y al tercero esa persona, sin rebaja de penas, debe ser condenada a la máxima pena que tenga en ese momento el Código Penal. Esta política solo debe aplicarse a crímenes de sangre.

Finalmente, para el 70 por ciento de delitos sin violencia debe haber justicia restaurativa. Que el verdadero acto de contrición, la reparación y el trabajo comunitario de quien cometió el delito sea recompensado con rebajas de pena y casa por cárcel. De esta manera se descongestionarían la justicia y las cárceles y el aparato punitivo del Estado se dedicaría a perseguir la gran delincuencia organizada que hoy se burla de la justicia y que en general actúa bajo el manto de la impunidad.

Queda claro hoy que la Justicia no quiere reformas. Solo con un Congreso admirable, con un líder como Uribe, es capaz de hacer estos cambios. Por esa razón, y muchas otras más, Colombia necesita a Álvaro Uribe en el senado.