Tanto el manejo de las relaciones exteriores como la fijación de posiciones a nombre del Estado en el curso de procesos judiciales exigen de los servidores públicos una extrema prudencia. Son asuntos tan delicados y la mayoría de las veces de tan difícil exposición que no es aconsejable reducir sus términos a las breves palabras de un reportaje, y menos todavía pronosticar ante los medios de comunicación los resultados de los procesos cuando todavía las sentencias no se han proferido.

No es que esté prohibido a los miembros del Gobierno hablar públicamente, sino que, cuando intervienen en programas o espacios periodísticos de difusión masiva, deben cuidar cada una de sus palabras, con el objeto de no comprometer al Gobierno o a la Nación por causa de expresiones improvisadas o equívocas, menos todavía en tratándose de decisiones judiciales.

En el caso de los ministros, ellos hacen parte del Gobierno Nacional, junto con el Presidente de la República, y cuanto dicen los compromete. Pese a lo cual, en la última época -como lo hemos señalado varias veces-, algunos de tales funcionarios acostumbran, con gran irresponsabilidad, exponer de manera pública e inconsulta sus opiniones personales, creyendo erróneamente que ellas se pueden aislar o separar de la función que desempeñan, y que una cosa es lo que piensan y expresan como funcionarios y otra distinta lo que piensan y expresan como personas. Como si no desempeñaran el cargo.

Eso, además de romper la necesaria unidad de criterio que se espera exista dentro del Gobierno, le crea muchos problemas al Presidente de turno, como lo hemos visto varias veces tanto en la anterior como en la actual administración.

Ejemplo reciente de estos casos lo encontramos en las imprudentes declaraciones concedidas a medios radiales por la Canciller de la República, quien de manera improvisada se refirió en un reportaje al proceso que cursa contra Colombia, por demanda de Nicaragua, ante la Corte Internacional de Justicia respecto a la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, definida desde 1928 por el Tratado Esguerra-Bárcenas.

Palabras más, palabras menos, la doctora Holguín advirtió que, como los jueces de dicho tribunal dictan sentencias "salomónicas", es posible que, con independencia de nuestros argumentos en tal proceso, al final la Corte, para dejar contento al Estado demandante, "nos quite un pedacito" de nuestro territorio es decir, que no se nos haga raro perder parcialmente el pleito.

Eso, dicho por una persona anónima, no tendría gran repercusión, pero la tiene -y mucha-, en boca de la Canciller, quien constituye Gobierno con el Presidente en materia de relaciones exteriores, y quien en tal condición representa al Estado colombiano. Todo lo contrario de la diplomacia, precisamente la característica esencial de la labor a cargo de quien, en razón de su función, tendría que defender sin concesiones la soberanía colombiana sobre todo el territorio.