En 1991 cuando se cambió la Constitución, el gobierno quedó facultado para emitir por decreto una reforma tributaria de amplio alcance para generar nuevos ingresos que permitieran financiar o compensar parcialmente los enormes gastos adicionales que surgieron de la nueva constitución. Esta autorización había sido gestionada por el equipo económico del gobierno que procedió a elaborar el proyecto de reforma con mucho entusiasmo. Pero cuando se lo llevamos a César Gaviria para su aprobación, dijo que no le parecía bien expedir un reforma tributaria sin que fuera ampliamente discutida por la opinión pública y sin tramitarla en el Congreso. No valieron argumentos de que ya el tránsito democrático se había cumplido en la Constituyente. El Presidente dijo que no había tenido suficiente debate e insistió en llevarla al Congreso.

En realidad no fue difícil aceptar su decisión. Tributación sin representación fue lo que precipitó la revolución de las colonias norte americanas contra Inglaterra y no es una buena idea, en un estado democrático. En 1991, se inauguraba una nueva etapa de la república e, inmersos como estábamos en el fervor participativo y pluralista del momento, acudimos al Congreso con nuestro proyecto, a pesar de tener un mandato constitucional para sacarlo por decreto. No fue una tarea fácil porque el M-19 se oponía al IVA, la Nueva Fuerza Democrática se oponía no recuerdo a qué y nuestro partido liberal estaba remolón. El IVA se aprobó con el voto favorable de un senador del M-19. Cuando le reclamaron sus compañeros se disculpó diciendo que se le había olvidado la instrucción. Otros artículos se aprobaron con el partido Liberal, contando con la colaboración del M, y en contra de la Nueva Fuerza; o con ellos y con la oposición de facciones del Partido Liberal y el ‘alvarismo’. Fue una reforma muy discutida y muy peleada, pero cuando finalmente se aprobó el congreso celebró su aprobación con un nutrido aplauso, una demostración de satisfacción con una tarea bien hecha.

La semana que viene se lleva a consideración del Congreso el texto del proyecto de reforma tributaria que se aprobó en las comisiones terceras de la Cámara y el Senado muy rápidamente y con escaso debate. El texto del proyecto, con las modificaciones que se le introdujeron en las comisiones, apenas salió el viernes de la semana pasada, lo que solamente le da al Congreso un fin de semana para mirarlo. A pesar de la vergüenza que pasaron muchos de los parlamentarios cuando se supo que no habían leído el texto de la reforma de la justicia que votaron en masa, va a ser difícil que la mayoría de ellos lo puedan analizar cabalmente y mucho más difícil que lo entiendan (el proyecto tiene 170 artículos y algunos de los más importantes no están escritos en castellano sino en la neolengua tributaria).

La decisión de la Corte Constitucional de eliminar el acto legislativo 01 de 2011 que hizo posible que los congresistas votaran a favor del proyecto de la reforma a la justicia en lo que los afectaba positivamente y que produjo el rechazo de la opinión pública hace revivir controversias sobre la actuación de los parlamentarios y la legitimidad de sus actuaciones.

Esta reforma no puede aprobarse a pupitrazos. Estamos enfrentados a una situación distinta pero con dilemas similares a los que tuvimos en 1991 cuando teníamos la autorización de emitirla por decreto. Este gobierno cuenta con los votos necesarios para hacerla aprobar sin que los parlamentarios que voten a favor la lean o la entiendan. Pero, ¿qué consecuencias políticas se derivan de aprobarla así y con tanta prisa?