En una entrevista que le hice a Gustavo Petro en Manizales cuando era Representante a la Cámara, se presentó ufano y orgulloso de haber sido él y su grupo subversivo M19 coautores de la Constitución Política de 1991. Mostraba esta coautoría como el mayor logro que habían obtenido los amnistiados miembros de esa guerrilla ya que, según sus palabras, consignaron los elementos necesarios dentro de la Ley de Leyes para obtener por fin la justicia social y la regulación de los poderes del Estado.

Pues bien, al amparo de esa misma Constitución se vienen desarrollando gran cantidad de leyes en las cuales Gustavo Petro ha participado activamente como congresista e igualmente, circunscritos a esta Carta Magna, se han elegido y nombrado los máximos representantes de los órganos de control y de justicia. ¿Por qué entonces ahora que lo afecta directamente la decisión del Procurador (tomada en derecho), quiere desconocer el poder y el mandato que le acompaña?

Estas son las actitudes que hacen detestables a algunos miembros de la izquierda y que vuelven improcedente la concepción de su ideología. ¿Pretenden acaso que, por ser de izquierda, se les aplique una Constitución diferente y unas leyes especiales? ¿No puede ser cobijada la izquierda colombiana por las obligaciones que nos rigen a los demás ciudadanos? ¿El hecho de habérsele otorgado una amnistía, exonera a Petro eternamente de cumplir con las normas que nos obligan a todos?

En este caso de la destitución del Alcalde de Bogotá y la inhabilidad para ocupar cargos públicos por quince años, no creo que se pueda discutir la legalidad de la decisión, ni el poder de quien la determinó. Puede parecer exagerada, desbordada, retaliativa o sesgada; pero la ilegalidad que esgrimen como argumento para tratar de desconocerla parece caerse de su peso cuando el propio Ministro de Justicia, saliendo apresuradamente en defensa de Petro, expone públicamente la necesidad de reformar la Constitución y las Leyes para evitar que se sigan tomando decisiones de este tipo.

El otro argumento que esgrimen quienes defienden ciegamente a Petro es el de que no puede ser posible que un funcionario administrativo destituya a un funcionario electo. ¿Tendrá lógica esa defensa? ¿Está entonces revestido de impunidad el funcionario corrupto, inepto, irresponsable o delincuente, por el solo hecho de haber sido electo? ¿Podremos aceptar que las urnas sirvan de legitimadoras de los ilícitos comportamientos futuros de quienes salen favorecidos en ellas?

Por más injerencia que los criminales de las Farc y demás grupos asesinos tengan en este país, no podemos permitir que cuando se toca a uno de los suyos y se hace justicia dentro de los lineamientos legales, tengamos que soportar la andanada de organismos internacionales y las bravuconadas de los jefes criminales pretendiendo subvertir el orden para voltear las decisiones. Porque, que esta destitución fuera la primera que se da y no existieran antecedentes, pues cabría la posibilidad de pensar que se está actuando en legítima defensa. Pero ni las Farc, ni la ONU, ni Iván Cepeda, ni las milicias urbanas de los grupos criminales se manifestaron en contra de decisiones de igual calibre cuando recayeron en contra de cientos de concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores todos ellos también elegidos por el pueblo. ¿Por qué ahora sí se constituye en una extralimitación y en un acto ilegal y aberrante, digno de desestabilizar el país? ¿Porque la de hoy es una decisión en contra del Comandante Aureliano, quien se cree con patente de corso para pisotear las leyes y establecer su propio régimen chavista?

Pero como en este país -donde los terroristas han alcanzado un poder descomunal en todos los estamentos del Estado- las cosas que pasan no obedecen a la lógica, ni a la justicia, sino a la selectividad de la ley, no sería raro que se le restituyera el poder a Petro a través de las presiones y desórdenes que vienen preparando desde hace algunos meses, y de los cuales participan subrepticiamente los más altos poderes colombianos. Y entonces, ¿qué pasaría con los demás destituidos? ¿Qué pasaría con las otras decisiones adoptadas por la Procuraduría en casos con menos argumentos y menos motivaciones? ¿Tendríamos que entrar a reconsiderar las miles de sanciones impuestas a funcionarios que van a reclamar igualdad de derechos y que se ampararían en haber sido elegidos por el pueblo?

Ojalá estas marchas que se vienen fraguando, y todos estos movimientos de inconformidad que se alimentan desde La Habana no terminen en hechos violentos y en otras de esas manifestaciones de encapuchados que se esconden como cobardes para destruir el país. Se entiende que los cabecillas criminales de las Farc, que pretenden entrar pisando fuerte y por derecho propio a ejercer su poder dentro de nuestra democracia, se sientan afectados por esta decisión, pues se está sentando el precedente de que la izquierda no es intocable. De ahí las amenazas de romper la farsa de Cuba y, de ser así, pues bienvenido el rompimiento. Pero las autoridades no pueden permitir que se subvierta el orden institucional con el fin de modificar mediante la violencia las decisiones constitucionales. ¡Igualdad ante la ley!

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Ya hasta el nuevo embajador de Estados Unidos ha opinado sobre la destitución de Petro. Y como se trató de una especie de defensa del Alcalde, aquellos antiimperialistas que supuestamente no permiten la injerencia extranjera en Colombia, hoy están de plácemes con la posición del imperio. ¡Vivir para ver!