Ante el asesinato de cinco policías a manos de delincuentes en las últimas semanas en Medellín, el alcalde Aníbal Gaviria presuroso salió a los medios a manifestar que en la ciudad ha disminuido en un 30 por ciento el número de homicidios en el 2012 a la fecha, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ya en julio había presentado con bombos y platillos que la disminución iba en el 39 por ciento.

 Lo que no dice el alcalde es que el inicio de su administración se dio con una tendencia decreciente de los homicidios en la ciudad que se venía registrando desde septiembre del año pasado –y que logró morigerar en algo la alta cifra de asesinatos registrada en el 2011 bajo la administración de Alonso Salazar-, pero que se ha venido haciendo menos pronunciada e incluso revertido en los dos últimos meses. De 175 homicidios registrados en enero de 2011, según Medicina Legal, se bajó a 96 en septiembre del mismo año, mientras que de 68 con que arrancó el 2012 se pasó a 115 en septiembre.

 Antes que elogiar sus propias cifras, el alcalde debería estar preocupado, pues al paso que vamos se está invirtiendo la tendencia y la reducción en el 2012 no será tan pronunciada como la anunciaba en julio.

 Pero más allá de las cifras puntuales, los alcaldes de Medellín y los gobernadores de Antioquia nos están acostumbrando a cantos de sirena en materia de seguridad, cuando en realidad los avances son mínimos o nulos, ello gracias a la actitud pasiva de amplios sectores políticos, sociales, empresariales y de opinión.

 Cabría así preguntarse, ¿Hasta cuándo Medellín, después de más de 25 años de lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales, de consejerías presidenciales y de multimillonarias inversiones sociales seguirá teniendo de las más altas cifras de homicidios del mundo?

 Puesto en perspectiva la situación, insisto, debiera de preocupar, pues Monterrey, una ciudad que por su tamaño, su aporte al PIB nacional de 8 por ciento, problema de narcotráfico y tradición empresarial se parece a Medellín, y que ha tenido cobertura internacional por hechos como las 52 víctimas en el incendio criminal del Casino Royale o los 44 presos asesinados en el penal de Apodaca, en febrero pasado, tiene una tasa de homicidios menor que la de Medellín, y los indicadores muestran que comienza a controlar el problema. Y no solo Monterrey, donde seguro no se enfrentan a carteles de plastilina. El investigador mexicano Alejandro Hope ha señalado que no hay duda de que la gran espiral de violencia que se vivió en el país entre 2008 y 2010 llegó a su máximo en el 2011 y ha comenzado gradualmente a ceder. El Consejo Nacional de Seguridad Pública lo corrobora.

 Mientras que en Colombia en 2011 hubo 16.554 homicidios a una tasa de 35,95 por cada cien mil habitantes, en México, en el punto más alto de la violencia y con una población de más del doble de la colombiana, tuvo 27.199 homicidios para una tasa del 24,22 por cada cien mil habitantes.

 Río de Janeiro, también comparable a Medellín y donde enfrentan un espinoso problema de narcotráfico y social en sus favelas, tuvo una tasa de homicidios de 29,6 por cada cien mil habitantes en el 2010, y cayó en el 2011. Las ocupaciones de las favelas por parte de millares de policías, armados hasta los dientes, han permitido que la ciudad sueñe por primera vez con el fin de la violencia.

 En Colombia celebramos los avances económicos, las obras de infraestructura, los eventos internacionales y todo lo bueno que sucede en Medellín, pero hace ya mucho tiempo que su aporte a la seguridad del país debe ser más sustancial. La ciudad con una vigésima parte de la población nacional se lleva una décima de los homicidios del país, es decir el doble de una nación de por sí violenta. Ello es menos comprensible con una ciudad que tiene recursos, que aporta entre el 7 y 8 por ciento del PIB nacional, y donde las fuerzas del orden, en razón a lo compacto de su territorio, debieran obtener mayores resultados.

 En las comunas de Medellín, así como se violan a diario derechos fundamentales como el derecho a la vida, el del libre desplazamiento, donde gracias a los combos y sus vacunas pareciera funcionar un paraestado que ejerce la tributación, pero sin representación, debería haber una respuesta igual de contundente y una energía y decisión de su alcalde y del gobierno nacional categóricas. Hace rato que las comunas de Medellín requieren de una intervención a gran escala, por lo menos eso esperarían los familiares de los policías asesinados y, seguro, sus propios pobladores.

 No se justifica que después de años creando empleo, con la economía creciendo de manera sostenida y con una de las mejores tasas en décadas, de promocionadas inversiones sociales y eficacia de sus empresas locales, los alcaldes de Medellín nos sigan vendiendo placebo en materia de seguridad.

 Y en ello sus empresarios también tienen mucho que decir. En Monterrey, después de que la diáspora no hacía más que crecer, Lorenzo Zambrano, uno de los empresarios más importante de América Latina, llamó a los regiomontanos a luchar para defender lo que con tanto esfuerzo construyeron los ancestros. Les agregó, "si te quieres ir, vete, pero no te vas como héroe, te vas porque no quisiste enfrentar un problema difícil". Hoy, ha hecho carrera la frase que "si se pierde Monterrey, se pierde México" y sus organizaciones sociales son numerosas, fuertes y más activas, y parece que los resultados se comienzan a ver. A lo mejor, es que los colombianos y los medellinenses, a diferencia de lo que dijera Jaime Rodríguez, el popular alcalde de García cercano a Monterrey, no estamos "hasta la madre de tanta violencia".