En artículos anteriores me he referido a la necesidad de dignificar la labor docente como un aliciente indiscutible de la calidad de la educación; los hechos que se suceden, día a día, en Colombia nos muestran cuán distantes estamos de ese noble propósito, tenemos que reconocer con angustia y desolación que no solo no hay una política de estímulos y reconocimientos, sino que además es angustioso el camino para que al maestro se le reconozcan sus básicos derechos salariales y prestacionales, es decir, no solo no damos un paso adicional para generarle a su desempeño algún valor agregado, sino que se traumatiza el reconocimiento de sus básicos derechos como cualquier trabajador. Algunas realidades que reafirman esto, por mencionarlas: la desprotección del sistema de salud, ya transcurrida más de la mitad del año no se ha pagado el aumento salarial correspondiente que, además, no compensa el incremento del costo de vida en dignas condiciones; la falta de oportunidad para liquidar las cesantías que son solicitadas con el lleno de los requisitos legales y, como si todo lo anterior fuese poco, agregamos el drama para el reconocimiento de sus derechos pensionales; es precisamente a esto último que me voy a referir.

Con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, ley 1151 de 2007, se creó la UGPP: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, cuya misión a la letra dice: "Generar mayor bienestar a los ciudadanos al realizar de acuerdo con la ley y en forma oportuna, el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de prima media, a cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se hayan liquidado, y construir una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, para contribuir al desarrollo del país".

Lo anterior, en palabras sencillas, significa que el gobierno del expresidente Uribe creó la UGPP para atender las caóticas situaciones que colapsaron en la antigua Caja Nacional de Previsión y Puertos de Colombia; además le asigna otras responsabilidades con la gestión de los aportes parafiscales que garanticen la protección social de la clase trabajadora en Colombia; noble misión que en teoría recoge viejas aspiraciones de un amplio grupo de la clase obrera en nuestro país, entre ellos, los maestros. Pero la realidad es muy distinta, este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda evidenció su ineficiencia y puso los derechos pensionales de los maestros en precarias condiciones; se dedicó a entrabar los procesos, a negar los derechos, a dilatar los trámites, e incluso a interpretar a su antojo y amaño el marco normativo que regula este beneficio, con el propósito de menoscabar la legítima aspiración de los maestros de acceder a su pensión que ha sido construida con el esfuerzo de toda una vida de servicio y entrega a la noble misión de educar la niñez y la juventud de Colombia.

Es tal el despropósito de este operador del Ministerio de Hacienda que se ha desdibujado totalmente su función y tal parece que la UGPP se traduce en Unión de Gente Para Precarizar derechos pensionales; para validar lo afirmado y probar con evidencias la seriedad de este manifiesto traduzco literalmente el testimonio de un maestro que narra su propio drama: "Radiqué ante la UGPP los papeles para el reconocimiento de mi pensión con el lleno de todos los requisitos legales el 16 de febrero de 2012, luego de un año largo de objeciones, reparos y negaciones; además, después de cinco viajes a la ciudad de Bogotá, logré que el 19 de febrero de 2013 me reconocieran este legítimo derecho; posterior a ello, se inicia un nuevo trámite de inclusión en nómina, pues en esta tortura llevo ya cinco meses y todavía no se materializa su cabal cumplimiento, el cual ya me ha demandado dos viajes adicionales a la capital. Debo, además, manifestar que éste es solo un ejemplo, y que este drama lo viven miles de educadores en Colombia…" .

Esta situación me suscita muchos interrogantes que quiero compartir con la opinión pública: ¿es ésta una muestra de la dignificación de los maestros de un país?, ¿qué pasa, entonces, con millares de maestros rurales de Colombia que no poseen siquiera las mínimas condiciones de conectividad?, ¿quién regula, vigila y fiscaliza estas entidades y a quién o a quiénes se hacen responsables de los perjuicios causados a los maestros de Colombia?

Seguramente este vía crucis lo sufrieron, lo sufren y lo sufrirán muchos maestros en Colombia. Cada uno ha tratado de superar su situación de la mejor manera, algunos, incluso, al endosar buena parte de sus derechos a colectivos de abogados que viven de los despropósitos que entidades del Estado acometen contra los docentes; a unos y a otros, los invito a elevar su queja ante el Ministerio de Hacienda, ante el Ministerio de Educación, ante la opinión pública, ante la Federación Colombiana de Educadores, en fin, ante todos los órganos encargados de proteger la carrera docente, para que demandemos la efectiva evaluación de la tarea misional de esta institución y procuremos mejores sucesos para quienes en un futuro reclamen su legítimo derecho.