Los diálogos de La Habana son una perversa dictadura contra la gobernabilidad. De eso dan cuenta los bandazos en el intento por corregir la crisis del sector agropecuario. Aunque el MinAgricultura conoce la problemática y las soluciones, carga con la camisa de fuerza que impuso la Mesa Nacional Agropecuaria –MIA– para levantar el reciente paro nacional. Sus peticiones, que parecen una copia de las irrealizables pretensiones agrarias de las Farc, paralizan cualquier decisión sensata de política pública y absorben el itinerario del ministro Darío Lizarralde. Lo grave es el traslape y confusión de agendas: la de Cuba y la interna para la competitividad agropecuaria, que enredan al Gobierno. Un antecedente que puede reavivar el inconformismo campesino.

La bancarrota de lecheros, paperos, cafeteros o cerealistas está asociada al deterioro de sus sistemas productivos, la baja rentabilidad de las actividades y la dramática caída del ingreso familiar. Pregunto, entonces, si la inminente ruina de miles de hogares rurales, se refleja en el memorial de agravios de la MIA que quiere, entre otras, modificar la política antidrogas, redistribuir la tierra, crear Zonas de Reserva Campesina, cambiar la propiedad del subsuelo y establecer la consulta previa para los campesinos. Esas son las exigencias del pliego de la MIA y, por supuesto, del acuerdo del primer punto de La Habana.

Creo que coincidimos en que la respuesta es no. Son iniciativas que podrían tomar 2 décadas e ingentes recursos públicos. Mientras que las legítimas demandas de la protesta social, requieren soluciones inmediatas para enfrentar la competencia del agro-negocio mundial. Ello pasa por controlar la agresiva política de importaciones que avivó la firma de los TLC y frenar el alza en los insumos agrícolas. Así mismo, activar la agenda zoosanitaria y la lucha contra el contrabando, decisiones en materia de vías terciarias y financiación para modernizar los sistemas productivos.

No es juego. La crisis del sector está a punto de hacer implosión. Se necesita gobernar con base en realidades y la inminencia de los problemas socio-económicos que hoy enfrentan los productores. Claramente, al nuevo Ministro de Agricultura no lo han dejado coger ese toro por los cuernos. Las demandas de la MIA y los esfuerzos para apagar incendios, lo tienen al límite. Necesita espacio para avanzar en la agenda rural para la internacionalización de la economía. Política suspendida por otros apremios gubernamentales como la restitución de tierras y el Proyecto de Desarrollo Rural, al punto de dejar sin piso un instrumento vital de planeación: el censo agropecuario.

 Es un elemento estructural detrás de la crisis sectorial. La ausencia por más de 4 décadas de estadísticas verídicas y robustas, ha sido nefasta. El Gobierno tenía la obligación de realizar el censo en el segundo semestre de este año, pero no lo hizo. Ahora, su afán para ejecutarlo a principios de 2014, contrasta con las trabas presupuestales en momentos en que era técnicamente recomendable. Razón tiene Bustamante, la cabeza que rodó por advertir los riegos de hacer el censo en una coyuntura electoral y bajo condicionamientos de las Farc.

No nos llamemos a engaños. Son realidades que pueden contaminar los recursos para el padrón rural y la calidad de las cifras. Y es que quizá las Farc sean las primeras interesadas en torcerle el rumbo al censo. Tengo la corazonada de que las estadísticas reales, no van a ser favorables a su engañoso discurso sobre la tierra. En consecuencia, así como el Gobierno no debe mezclar censo con elecciones, tampoco puede gobernar trasponiendo la agenda de La Habana a las legítimas motivaciones de la protesta social, ni desatender los derroteros para llevar al sector agropecuario a un estadio superior de desarrollo humano. Por fortuna, eso lo entiende el ministro Lizarralde.