La reforma constitucional aprobada en el Congreso con la que se refuerza el fuero penal militar genera unos interrogantes importantes en cuanto a una posible impunidad.

Es un tema para analizar desde el criterio de la justicia y no por sesgos ideológicos. Y en eso hay que partir de la premisa que era necesario entregarle mayores garantías a las Fuerzas Armadas para enfrentar el conflicto. Ineludible.

Sobre todo en un momento en que se negocia un proceso de paz con la guerrilla que puede terminar en amnistía de sus delitos. Sin duda esta reforma era el elemento que le hacía falta al gobierno para que las Fuerzas Armadas apoyen los diálogos.

Ahora bien, generar esas garantías para el Ejército y la Policía no puede terminar significando menores garantías para la sociedad. Y hay elementos del texto aprobado por el Congreso que hacen pensar que eso puede pasar.

Los excesos de las Fuerzas Armadas son, lastimosamente, un mal recurrente. Y aunque la Fuerza Pública ha mejorado abruptamente en este tema durante los últimos años, los casos siguen ocurriendo. Por eso se necesita un sistema que no tenga vacíos por donde pueda traspasar la impunidad.

Así ha sucedido en el pasado, razón por la cual la desconfianza actual no es excesiva, sino necesaria.

La jurisprudencia internacional establece que los crímenes de carácter internacional tienen que ser de competencia de la jurisdicción ordinaria. Esos crímenes son los de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada e infracciones al Derecho Internacional Humanitario o crímenes de guerra.

El Congreso dejó claramente como competencia de la jurisdicción ordinaria los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio y desaparición forzada, al igual que los casos de violencia sexual, tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo esas ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas como delito en el código penal colombiano, lo que quiere decir que existe un vacío legal que permite que un acusado de ese atroz delito termine siendo juzgado por la justicia penal militar. Terrible.

La reforma aprobada aporta una claridad que hacía falta en muchos temas, pero en otros deja absurdas lagunas que pueden hacer que esta iniciativa, que nació bien intencionada, se desvíe a un manto de impunidad.

Más allá de las debilidades prácticas que tiene el texto, el efecto simbólico es importantísimo. Con estos artículos, los militares consiguieron varias de las cosas por las que llevaban peleando hace años y que era importante darles.

El paso que sigue es solucionar los vacíos y completar esta reforma con un necesario revolcón de la justicia penal militar.

Es inaplazable tener una justicia penal militar independiente, eficiente e imparcial y no lo que ha habido hasta ahora y es que los jueces militares, por motivos de subordinación jerárquica o solidaridad de colega no ofrecen garantías suficientes para que los procesos se lleven a cabo de manera justa.

Eso hay que corregirlo inmediatamente.

De lo contrario, la impunidad de los delitos de nuestras fuerzas seguirán siendo la regla, y la justicia la excepción.