Es casi imposible creer que a alguien lo invitan a una fiesta de ocho días en una remota isla con todos los gastos pagos, y no se le cruza por la cabeza pensar que el anfitrión puede ser un narcotraficante.

La duda tiene que salir en algún momento: en la invitación con todo pago a Cartagena; o en las dos horas de yate hasta la isla privada; o incluso llegando al hotel que estaba reservado exclusivamente para el matrimonio de alias "Fritanga" y conociendo a los otros invitados.

En algún punto de todo eso la incertidumbre sobre la legalidad de los recursos que pagan el festín tenía que aflorar. Pero unos aseguran que no fue así. Que no sabían.

Ni siquiera en la idea que a alguien se le puede ocurrir hacer un festejo que dure ocho días para celebrar su boda gastando más de dos mil millones de pesos en esto. Inverosímil que eso lo haga un empresario legítimo.

Como también está difícil de digerir el argumento del abogado de Silvestre Dangond cuando dice que nunca conocieron la identidad de la persona que los contrató para que el cantante amenizara la fiesta de su matrimonio.

Menos cuando una de las costumbres de las parrandas vallenatas es dedicarles una o varias canciones a los homenajeados, y para eso se necesita, por lo menos, saber de quién se trata, o cómo se llaman, cómo les dicen.

¿Será que no se oyó en la fiesta la expresión: "pa’ mi compadre Camilo Torres y su esposa"? Ni tampoco "con cariño pa’ Fritanga". Puede ser.

Ahora bien, es cierto, como dice el astuto abogado Abelardo De la Espriella, que no se le puede pedir a un particular que asuma funciones propias del Estado y que los artistas no tienen la posibilidad de verificar antecedentes de quienes los contratan.

Pero sí se les puede pedir que observen todos los indicios y no se hagan los ingenuos cuando todo el escándalo explota.

Es indiscutible que no hay ninguna responsabilidad jurídica para Dangond, o para los otros famosos cantantes de vallenatos, orquestas tropicales o reguetoneros que fueron contratados para amenizar la fiesta del exparamilitar. Eso tiene que quedar en claro. Ningún delito se cometió. Pero sí hay una deuda moral y social de lucrarse por medio de hacer conciertos privados a los delincuentes.

La pregunta entonces es: ¿hasta dónde se les puede exigir a los que trabajan en el mundo del entretenimiento que se abstengan de contratar cuando sus honorarios vienen de los dineros del narcotráfico?

La respuesta parecería obvia. No deberían.

Pero eso no parecería ser tan claro para todos. De la Espriella, apoyándose en la ley y estableciendo que no hubo ninguna irregularidad en la forma de contratación ni con el sujeto contratante que era una tercera persona, seguramente un lavador de Fritanga, sale al paso de la responsabilidad de su cliente. Y eso es cierto.

Ahora bien, más que un tema de la legalidad, es un tema de la legitimidad. Y sobre ese punto ninguno de los invitados o cantantes participantes en ese matrimonio se ha manifestado. Ni De la Espriella tampoco sobre su defendido.

¿Qué van a hacer con los honorarios recibidos por la fiesta? ¿Van a donar o entregar a las autoridades los anticipos que recibieron para hacer el concierto en ese matrimonio? Deberían.

La fiesta de "Fritanga" no era normal bajo ningún parámetro. Como tampoco lo era aceptar la invitación o ser contratado para amenizarla. No es una ilegalidad, pero no está bien hacerlo.

Y sobre eso es que tienen que tomar posición los invitados y cantantes asistentes a ese matrimonio, puesto que la línea que divide lo correcto de lo ilegal se ha difuminado en donde el mensaje importante para la sociedad es entender que no todo lo que es legal es legítimo. Porque no lo es.

Fritanga cayó. Pero otros vendrán a remplazarlo. Ya que así como se ha ido mostrando que se puede derrotar al narcotraficante, también se ha demostrado que al narcotráfico no se le ha podido derrotar. Sobre todo cuando sus tentáculos entran en la corrupción de los estándares de la normalidad y en la perversión de la sociedad, el entretenimiento y la cultura.