La polémica sanción al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, es solo una cuenta más en el rosario de escándalos del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. La destitución y la inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos parece excesiva por el problema de las basuras de hace un año. Una situación que incluso el mismo Petro aceptó que estuvo mal manejada, pero que fue gestada por los contratistas que querían tumbarlo, tal y como lo denunció Emilio Tapia a la Fiscalía y que El Espectador publicó esta semana.

Al ver las acciones y decisiones de Ordóñez vienen a mi mente las palabras del arzobispo francés Marcel-François Marie Lefebvre: "No se puede dialogar con los masones o con los comunistas, ¡no se dialoga con el diablo!". Y el procurador, que es todo un lefebvrista, ve al diablo en todas partes y anda en una cruzada para acabarlo.

El arzobispo francés Lefebvre es recordado por su radicalismo religioso. Se opuso a la modernización de la Iglesia Católica y, llevado de su parecer, se puso a ordenar sacerdotes y obispos sin el aval del Vaticano. También a condenar las decisiones del papa y a señalar a sus colegas menos ortodoxos. Estas -entre muchas otras cosas- le valió la excomunión a él y a cuatro obispos más que eran de su cuerda.

Entre los obispos sancionados (y posteriormente perdonados por el papa Benedicto XVI) está el británico Richard Williamson que, llevado de su fanatismo, negó que el Holocausto nazi ocurrió y tergiversó datos históricos. "Las evidencias están inmensamente en contra de que 6 millones de judíos hayan sido asesinados en cámaras de gas como parte de una política de Adolfo Hitler (…) Creo que no hubo cámaras de gas. Creo que dos o tres mil judíos murieron en el período nazi en campos de concentración pero ninguno de ellos en cámaras de gas".

El procurador, reconocido lefebvrista, no niega estas teorías y radicalismo. De joven quemó libros de autores de la literatura universal, como Víctor Hugo, Gustave Flaubert, Thomas Mann, Jean-Jacques Rousseau y Marcel Proust, o textos de educación sexual que reposaban en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga. Todo por considerarlos inmorales.

Demandó a la revista Soho por la foto en la que se recreaba La última cena, y en donde la actriz Alejandra Azcárate -representando a Jesús- salía con las tetas al aire y rodeada de personajes de la política, la cultura y el periodismo que hacían de apóstoles.

Ordóñez rechaza el homosexualismo, se opone a las uniones de las personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, al matrimonio civil y al derecho a morir dignamente. También al aborto, autorizado en Colombia en tres casos (malformación fetal, violación y riesgo de vida de la madre). Todavía se recuerda cuando, montado en esa soberbia de ser supremo, le pidió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le mandara los nombres de las mujeres que por vía de tutela solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo para ponerlas en la picota pública. Petición que obviamente fue rechazada por ir en contra de la Constitución.

Para convencer a los colombianos de que el aborto -en cualquier caso- era una aberración y que el Misoprostol debía prohibirse, el procurador lefebvrista (siguiendo el ejemplo del obispo Williamson) tergiversó conceptos de la Organización Mundial de la Salud y se los envió a la Superintendencia de Salud para que sancionaran la venta de la píldora del día después. Esto le valió una rectificación pública ordenada por la Corte Constitucional.

Y como no se dialoga con comunistas, Petro, de pasado M-19, se lleva 15 años de sanción. La exsenadora Piedad Córdoba, cercana a las Farc, se llevó 18 años. Y al exalcalde de Medellín Alonso Salazar (del movimiento ASI, Alianza Social Indígena, y de corriente librepensadora), le metió 12 años de sanción por denunciar que bandas criminales estaban presionando a la ciudadanía para que votaran por el candidato Luis Pérez para la alcaldía de la capital antioqueña. No son los únicos. Entre el 2010 y el 2011, Ordóñez sancionó a mil 599 funcionarios públicos.

En los círculos del poder se habla de que muchas de estas inhabilidades las impone el procurador para demostrar su poder, más que por buscar justicia. Castigos fuertes para algunos, sanciones irrisorias para otros. Al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, le dio 12 meses de inhabilidad a pesar de que entre él, su hermano Iván y otros contratistas, le robaron a la capital del país 2 billones 265 mil millones de pesos, según informó la Fiscalía.

A él. Que le gusta tanto el latín, le valdría recordar las palabras de Tácito: Sine ira et studio (Sin odio y sin parcialidad). Y las de Cicerón: "Summum ius summa iniuria" (Máximo derecho, máxima injusticia).

"La Procuraduría General de la Nación, es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado", dice en el portal de Internet www.procuraduria.gov.co. También dice que su visión es "Una Procuraduría cercana al ciudadano, que protege sus derechos, combate la corrupción y la impunidad, vigila y controla la función de los servidores públicos; en aras de eliminar las causas que dan origen a las actuaciones administrativas improcedentes". Y su misión es: "Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública".

Pero al ver las acciones de Alejandro Ordóñez Maldonado, solo queda un hombre radical, con el que no se dialoga y con delirios de grandeza. Uno que es eficiente y eficaz solo cuando le conviene, y que confunde lo ético con lo moral y la fe.