Que un congresista de la República devengue 24 o 25 millones de pesos mensuales por pertenecer a una de las instituciones más desprestigiadas del país, es algo que, en términos generales, aceptamos sin discusión a pesar de la gran diferencia que eso implica en relación con los demás trabajadores colombianos. Pero que esa remuneración se consiga mediante métodos extorsivos, chantajes fácticos o condicionamientos soterrados, es algo que enerva a un país que hasta hace pocos días bullía en medio de la desesperación de los sectores productivos deprimidos y que tuvieron que consolarse solo con las promesas del Gobierno Nacional.

Que de un momento a otro (casualmente en el momento de aprobarse las primas a congresistas por casi 8 millones de pesos mensuales) un Congreso que venía dilatando el estudio de proyectos de vital importancia para el país; que difícilmente sesionaba por carencia de quórum; que cuando lograba la asistencia mínima, sus sesiones transcurrían en el estudio de impedimentos baladíes o proposiciones absurdas; que acorralaba al propio Estado por su falta de producción; que se veía convertido en una galería y un caos indescriptible; resulte la institución más acuciosa, estudiosa, productiva, efectiva, eficaz y solvente en los temas que con anterioridad había enviado el Gobierno Nacional para su estudio es, como mínimo, una vergonzosa coincidencia.

Y es vergonzosa porque el ejemplo que dan nuestros padres de la patria con ese tipo de comportamiento no puede resultar en nada bueno. Un Congreso recurriendo a métodos muy parecidos al cohecho o a la concusión, ante los ojos de un país lleno de indignación y desesperanza, solo puede producir más repudio hacia esa institución y una pérdida de credibilidad aún mayor en el Gobierno Nacional. Porque mientras las Farc chantajean al Gobierno colombiano amenazando con revelar los "secretos" de las negociaciones, el Congreso chantajea al Gobierno parando el legislativo hasta que se vuelvan tangibles las prebendas; y en ambos casos es el propio Gobierno el que cede sin reatos y los colombianos todos quienes asumimos los altísimos costos.

Porque la decisión de nivelar los salarios de los congresistas tiene un costo mensual de 2.069 millones de pesos, que recaen solamente en 268 personas que hacen parte del país virtual y politiquero, mientras en el país real las personas de verdad se mueren sin atención médica, se consumen en la pobreza, sobreviven en la ignorancia y son víctimas de injusticias, inseguridades y desafueros. Y mientras en Caldas, por ejemplo, se anuncia con alharaca y con zalemas hacia el presidente Santos una limosna de 30 mil millones de pesos de inversión en Aerocafé en 2014, (proyecto que beneficiaría a toda una región y a millones de colombianos), esa misma cantidad irá a parar anualmente a los bolsillos de unos pocos que saben que el Gobierno tiene que mostrar resultados y que de ellos depende el que lo pueda hacer. ¡Es indignante!

Pero ahí no queda todo. Porque lo decretado por el Gobierno Nacional -y que favorece a las personas mencionadas- es el resultado de una decisión del Consejo de Estado que eliminó las primas de salud y localización de los congresistas, con lo que sus ingresos quedaban disminuidos en una cifra similar a la decretada. Es decir, lo que el Consejo de Estado trató de arreglar y nivelar, fue subsanado por el Gobierno Nacional mediante decreto, arrasando así lo decidido por esta Alta Corte. Y nos preguntamos entonces: ¿por qué el silencio de los magistrados cuando se trata casi de contrariar de hecho una decisión tomada en derecho y con todos los argumentos legales?

Y la respuesta es más aberrante aún: porque "la remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los Magistrados de la Altas Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como Magistrados de Tribunal, Jueces, Fiscales del País, así como procuradores Judiciales, entre otros" (Decreto 2170 de 2013). Es decir, los congresistas se cuidaron de ligar a su remuneración la de los más altos funcionarios de la rama judicial y de los órganos de control, en lo que se puede considerar como un chantaje anticipado del que nunca se ha recibido queja alguna. De ahí el silencio que cunde en las demás ramas del poder, ante este hecho indignante que parecía favorecer solo al legislativo. En conclusión: ¡estamos jodidos!

Esperemos a ver cómo enfrenta el presidente los paros que amenazan nuevamente con estallar en diferentes puntos del país, pues poco a poco él mismo va minando su autoridad moral para solucionar los problemas de los más necesitados. ¿De dónde vendrán las próximas extorsiones y los próximos chantajes…?