Desde el día en que conocimos el texto de la Constitución de 1991, la criticamos acerbamente. ¿A quién se le ocurre ponerle cinco cabezas a cualquier cosa? A nadie, dirá el lector. Pues a los constituyentes del 91 se les ocurrió, lo que es gravísimo, y lo hicieron, lo que es peor. A la justicia, necesitada de tantos miramientos y cuidados le pusieron 5 cabezas: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. Solo con decirlo quedaba patente el estropicio.

En cualquier encuesta que se haga habrá de verse que los colombianos no creen en los jueces. Y ahora, mucho menos. Lo que están haciendo en el caso de Petro, el alcalde de la desventurada Bogotá, bastaría para que perdieran cualquier rastro de credibilidad y de respeto.

Dijimos que la tutela era un engendro de satanás. Y cuando a la Corte Constitucional se le pasó por el magín extenderla indebidamente a todos los derechos, advertimos que no quedaría ni una especie náufraga que salvarse pudiera. Y nada se salvó.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ha empeñado en demostrar los jueces que salen de esa maquinaria atroz que es el Consejo Superior de la Judicatura. Y lo que está haciendo demuestra que la política arrasó la justicia, que las conveniencias y los caprichos derrotaron el Derecho, que desapareció hasta el último vestigio de respeto a la Ley.

En el caso Petro se les está indicando a los ciudadanos lo que deben hacer ante los jueces. Que la cuestión no está en tener razón sino en saber enredar. Si estábamos bajo el imperio de la rabulería, ha quedado consagrada, sublimada, santificada.

Que no debe haber más de una tutela sobre un caso, pues que lluevan por centenares. Que desatada una tutela hace tránsito a cosa juzgada, pamplinas, que vengan otras que contradigan la que no conviene. Que los jueces deben someterse al tema de la prueba y del proceso, en este caso el comportamiento del Alcalde en el manejo de las basuras, pues al diablo. Si el tipo es de izquierda todo vale, no hay asunto que no se ventile, ni argumento que no se considere.

En dónde vamos, pregunta el ciudadano, entre angustiado y curioso. Pues en ninguna parte, habrá de contestársele. Los magistrados del Tribunal han armado un enredo que no lo desata nadie, ni ellos mismos, si lo quisieran. Pero no se preocupen, amigos. Que faltan otras 30 tutelas por fallar en ese tribunal y más de 300 que llegarán del Consejo Superior de la Judicatura, el mismo, sí señor, que escogió aquellos diligentes magistrados.

Petro se queda. A Bogotá se la lleva el diablo. El Derecho Disciplinario se acabó en Colombia. La corrupción es ama y señora del país, sin que nadie sea competente para enfrentarla.

Alguien gritó alguna vez: ¡Viva la muerte! Ahora hay que aprender a gritar: ¡Viva el caos!

Solo quedaría por averiguar si un país en el que no hay justicia, porque es lo que sacamos en claro de este aquelarre, puede sobrevivir. La respuesta es clara y contundente. No hay pueblo que sobreviva si no hay jueces honrados, transparentes, sabios, a los que el más humilde o el más poderoso puedan acudir pidiendo esa moneda de oro que es la justicia. Su falta es la barbarie. Y a la barbarie hemos sido condenados. Pero tranquilos. Se salvó Petro.