Según informaciones periodísticas, Medicina Legal ha establecido que cuatro mujeres y cuatro hombres, menores de edad, hicieron parte del grupo de treinta y siete guerrilleros de las Farc muertos durante el bombardeo de las Fuerzas Armadas contra el campamento del denominado "Frente 10" de esa organización terrorista en el corregimiento Aguas Claras, de Arauquita.

De acuerdo con las mismas fuentes, se confirmó que "todos los subversivos muertos fueron sepultados en el cementerio de Villavicencio, pues los habían tenido que trasladar desde Arauca porque en este departamento no había neveras suficientes para conservar los cadáveres mientras se hacían las necropsias". A lo cual se agregó que "hubo rumores sobre supuestas intenciones de las Farc de rescatar los cadáveres".

Suponemos que, ante estas noticias, la Fiscalía General de la Nación establecerá fuera de toda duda si, en efecto, esos ocho menores muertos en el bombardeo eran guerrilleros. Que no se trataba de civiles, pues ello sería muy grave.

Pero sobre el supuesto de lo que se ha dicho, esto es, que se trataba de jóvenes integrantes de la organización subversiva, el hecho constituye una prueba muy dolorosa de que las Farc no solamente continúan en su abominable práctica de reclutar niños y de forzarlos a engrosar sus filas, sino que los conducen a la muerte, utilizándolos como "carne de cañón" frente a la Fuerza Pública.

Se trata, pues, de un doble crimen que pone en evidencia la total falta de sinceridad de los comandantes guerrilleros que con tanta frecuencia hablan de su intención de aproximarse a diálogos con el Gobierno en busca de la paz. Están mintiendo: no pueden tener genuinas intenciones de acabar con el conflicto si continúan violando de modo tan flagrante los derechos humanos y desconociendo los protocolos internacionales.

De suyo, el reclutamiento forzado de menores es una cobardía. Implica el aprovechamiento de las condiciones de indefensión en que se encuentran miles de niños en los campos colombianos. Cuando se los llevan, bien sea por la fuerza y contra la voluntad del niño -lo que implica un secuestro-, o mediante engaños, o en virtud de una ilícita contratación, se los aleja de sus familias, se los vincula al crimen, se les enseña y se los adiestra en las prácticas delictivas, les son truncadas todas sus posibilidades de educación y se quebranta de manera violenta el libre desarrollo de su personalidad. Pero además -como lo demuestra el grave acontecimiento que comentamos- se los pone en ostensible peligro de perder la vida. Y, por si fuera poco, cuando ese fatal desenlace se produzca, el menor muerto figurará en los registros del Estado colombiano como un guerrillero más de los caídos en combate. Como un terrorista.

Un terrible crimen. Una cadena de barbaridades. Un crimen de lesa humanidad.