Como estaba anunciado y se preveía a raíz de los nombramientos hechos por el gobernador Julián Gutiérrez Botero, la Corporación Cívica de Caldas terminó apoderándose de la gobernación del departamento. Y se culmina en actos casi paralelos en los cuales se decreta el encargo en la cabeza del departamento a Patricia del Pilar Ruiz durante un período incierto -pero obligatoriamente prolongado-, y se posesiona Luis Fernando Franco Acevedo como gerente de Inficaldas.

No sé qué efectos pueda causar este encargo ni qué consideraciones haya hecho de él la clase política caldense. Pero, en principio, parece una bofetada directa del gobernador a quienes se esforzaron para sacarlo triunfante en las pasadas elecciones atípicas. Es el poder conseguido sin arriesgar un solo peso; sin poner un solo voto; sin exponer un solo argumento. Es el poder conseguido a base de triquiñuelas y actos subrepticios y mediante procedimientos ladinos, taimados y calculados.

Pero, ¿qué tiene esto de ilegal?: ¡nada! ¿Qué tiene de inmoral?: ¡tal vez mucho! Si el directorio político llamado Corporación Cívica de Caldas hubiera puesto de frente en la contienda a su candidato en los pasados comicios electorales, seguramente hubiera salido derrotado en las urnas con abrumadora diferencia. Porque su ascendencia ya es nula, su doble moral es evidente y su servicio a intereses particulares lo ha llevado a convertirse en la mampara de unos cuantos elegidos que pueden delinquir, hacer y deshacer bajo su protección y cubierta. Porque después de tanto abuso, tanta maledicencia y tanto encubrimiento para unos pocos, ha perdido su autoridad. Porque de tanto trabajar sobre unos supuestos principios de moral y ética, ha quedado al descubierto que carece de la primera y la segunda la acomoda a su antojo de acuerdo con sus propios intereses. Pero aún así entraron triunfadores en este gobierno y terminaron apoderándose del departamento en su totalidad.

Pero esto fue lo que eligieron los caldenses. Paradójicamente quienes se duelen públicamente de los partidos políticos tradicionales y quienes se sienten con el derecho de fustigar, acusar, condenar y fusilar a todos los que no comulgan con sus intereses o no trabajan para su servicio, terminaron apoderándose del poder conseguido con el dinero, trabajo y votos de sus señalados. En elecciones se limitaron a mirar con un malicioso desprendimiento cómo se desarrollaba el proceso, contribuyendo a elevar a los altares al soporte de campaña de Julián Gutiérrez, Guido Echeverri, y a protegerlo de las acusaciones que con fundamento y documentos nos atrevimos a entablar unos pocos. Ellos sabían muy bien que protegiendo al mentor obtendrían el poder. Y así pasó: ganó Julián las elecciones y ellos vinieron por el botín que hoy se convirtió en el poder absoluto.

Como diría el costeño: eso es lo que hay. El pueblo eligió a un gobernador y terminó en manos de sus verdugos. El pueblo votó por un hombre, y terminó en manos de un grupo de personas que, reptando, han escalado posiciones más por intimidación que por capacidad. (O, más bien, por su capacidad de intimidación). El pueblo votó por alguien que se presentó como independiente y resultó eligiendo a un preso de las costumbres privadas más censurables. El pueblo votó por una supuesta ideología y terminó gobernado por la antítesis de su voluntad.

Hay que repetir que hoy tenemos las máximas empresas del departamento en poder de la CCC. La Industria Licorera de Caldas, que se encuentra rodeada por las garras y las ambiciones de los antioqueños, en manos de quienes fungían como sus agentes en la Chec: Bruno Seidel Arango y Gilberto Saffón Arango. Inficaldas, en manos de Luis Fernando Franco Acevedo cuyas realizaciones máximas han sido las de fungir de Torquemada criollo, para proteger sus propias debilidades. Y la gobernación misma, en manos de Patricia del Pilar Ruiz quien llega allí supuestamente por ser la secretaria del despacho con menos funciones y menos ocupaciones (O, en otras palabras, en premio por ser la funcionaria más ineficiente de la gobernación) ¡Qué tal!

Las gobernaciones son, antes que nada, cargos políticos. De hecho, se consiguen mediante el proselitismo, las prácticas públicas y los procedimientos populares consagrados en la Constitución. De allí que se requiera, para poder aspirar, el aval de partidos jurídicamente existentes, o de la voluntad de un grupo significativo de ciudadanos cuyo volumen está también legalmente establecido. Pero cuando un candidato opta por el primer escenario, es lógico que gobierne –como mínimo- con los partidos que lo ayudaron a elegir y no pueda hacer abstracción del origen de los dineros y los votos que lo llevaron a obtener el triunfo. Actuar de otra forma no solo es contraproducente, sino que se convierte en un acto de deslealtad y engaño para con los partidos que lo avalaron y con el elector mismo. Y es lo que encontramos en este larguísimo encargo en la Gobernación de Caldas.

Lo único que esperamos entonces de este gobierno encargado es decencia. Lo único que pedimos es que no vaya a aprovechar su momento histórico para entregar nuestras riquezas a gente foránea. Lo único que anhelamos es respeto por los caldenses y mesura en sus actuaciones. De lo demás se encargarán los diputados, en quienes reposa el poder de controlar políticamente las actuaciones de los diferentes funcionarios públicos departamentales. Diputados que, por cierto, (como la prensa, los periodistas y muchos otros actores colectivos de Caldas) han sido despreciados, ignorados o minimizados por algunos gerentes y secretarios del despacho. El maestro Echandía pronunció su famosa frase: ¿el poder para qué?. Yo, parodiándolo un poco, le pregunto a la clase política caldense: ¿el poder para quién?