Por cerca de un mes los colombianos sufrimos los rigores de un paro de la justicia, que lamentablemente por una división de Asonal Judicial, que es el sindicato de esta rama, en algunas ciudades como Bogotá, no se ha levantado todavía.

La constitución del 91 fue muy generosa en materia de los derechos, pero muy pobre en materia de deberes. La comunidad para reclamar sus derechos, dispone de mecanismos como tutelas y acciones populares, lo que ha congestionado enormemente los despachos judiciales. Esto ha permitido que haya abusos, peticiones absurdas y fuera de contexto.

Con estos mecanismos, los jueces de la república tienen que resolver temas completamente disímiles y para los que no tienen la debida preparación, como por ejemplo, si un medicamento sirve para atender una enfermedad, ordenar una cirugía o determinar si un puente en una vía está bien o mal diseñado; es decir, los pusieron a dirimir sobre lo divino y lo humano. En eso tiene una alta responsabilidad el gobierno nacional. El manejo de la salud se les salió de las manos pues al no tener políticas y reglas claras sobre el manejo de las EPS y sobre los medicamentos denominados POS y no POS, se está contribuyendo enormemente a la congestión judicial.

Además de las congestiones que se presentan por lo anteriormente comentado, el sistema está diseñado para ser absolutamente lento en la resolución de las demandas. Cualquiera puede tardar en resolverse en su primera instancia, de dos a tres años y si se va a apelación, ya los tiempos son excesivamente largos. Casi que cuando se producen los fallos definitivos, los involucrados ni se acuerdan del origen de la disputa.

Según se dice, el gobierno nacional tiene una promesa incumplida desde hace más de veinte años de mejorar las condiciones salariales de los empleados de la rama judicial; sin embargo, los magistrados de las altas cortes, gozan de unos salarios que son la envidia de cualquier ciudadano y además, han salido a la luz pública una serie de denuncias sobre unos tratamientos especiales para algunos de los exempleados de la rama, mejorando sus pensiones con prácticas al parecer no muy claras.

Pero lo más delicado es que Asonal ha hecho uso de su poder dominante y prácticamente pusieron "contra la pared" al gobierno nacional. Una muestra de su poder es que la ilegalidad del paro solo pueda ser decretada por ellos mismos; es decir, tendrían que juzgarse ellos mismos. El incremento salarial que se está pidiendo con este paro, que entre otras, tuvo su origen en una fallida reforma a la justicia y que sirvió para envalentonar al sindicato, trajo consigo que por esta vía se les incremente sus salarios, golpeando seriamente la finanzas de la nación -la cifra de los $1.2 billones que vale el reajuste no es nada despreciable-.

Pero en la negociación se está quedando por fuera un punto muy importante que es el de cómo se mejorará el funcionamiento de la justicia, en un país donde según se dice se tiene una impunidad que ronda por el 95%. Es muy importante que el gobierno colabore fijando políticas claras para evitar que la mayoría de las veces los ciudadanos tengan que acudir a la justicia para que resuelvan sus dificultades e inquietudes y que se cumplan los términos que tienen los jueces para resolver los procesos que llegan a su despacho.

Como una nota al margen, se me ocurre que los jueces pueden empezar por emitir fallos más cortos. No es muy lógico que para un fallo por sencillo que sea, se tengan que escribir "pastorales" de 40 ó 50 páginas, llenas de textos que contemplan comentarios de magistrados o tratadistas o con apartes de otros fallos similares. Sentencias que solo escribirlas pueden tardar, por su extensión, varios días de trabajo continuo. Considero que los fallos pueden ser más sencillos y simples, porque en últimas lo que le importa a la gente, es saber si el implicado es culpable o inocente.