No es casualidad que el Catatumbo convulsione justo ahora, que las Farc creen haber coronado en La Habana su reforma agraria expropiatoria. Como tampoco es gratuito, que sus ideólogos hayan infiltrado la movilización, para instigar la violencia. Los bloqueos y transgresiones a los derechos humanos, son parte de la maniobra guerrillera para medirle el aceite al Gobierno, con un abrebocas de lo que serán las nuevas y peligrosas Zonas de Reserva Campesina. Van por el control de otro corredor estratégico, uno de los más codiciados por el narco-terrorismo. Una extensa zona de frontera que opera como puerta giratoria para criminales, enclave de cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando, en donde planean afincar su "autonomía armada", a costa de la indefensa población.

El Gobierno -que no se ha percatado del gravísimo efecto "Catatumbo"- apaña con agua tibia el primer envión de la guerrilla, para trocear 9 millones de hectáreas en 30 o 40 nuevas Zonas de Reserva Campesina. Proyectos bien ubicados que tomarán el mismo rumbo de los otros 6 constituidos. A fin de cuentas la colonización de estas áreas, que el Estado abandonó a su suerte, ha sido pan comido para delincuentes de todos los pelambres. La inequidad, falta de oportunidades, carencia de bienes públicos e institucionalidad, dejaron a la población expuesta al narco-terrorismo. Es el drama del Catatumbo, pero también del Sumapaz, el Valle del Río Cimitarra, el Bajo Cuandí, el Pato-Balsillas, el sur de Bolívar o el Guaviare, donde operan las actuales ZRC.

Pero la pobreza de las gentes del Catatumbo o cualquiera de estas zonas, contrasta con sus riquezas que atraen a la criminalidad como la miel a las moscas. La extracción ilegal de recursos maderables, carbón, oro o coltán, está desplazando a la coca y el secuestro como fuente de financiación de guerrillas y Bacrim. Los corredores selváticos que las surcan, no solo ocultan indignantes encierros para secuestrados, laboratorios y narcocultivos, sino la trayectoria de usurpación de tierras a campesinos. Como paso obligado de poliductos y gasoductos, son base para la extorsión a multinacionales y, por supuesto, son hábitat de cabecillas de las Farc y sus bases sociales, constreñidas a punta de terror.

Eso es lo que esconde la incendiaria revuelta de las Farc en Catatumbo. Sus gentes de bien hoy enfrentan la profundización de su crisis socio-económica y humanitaria, con impredecibles consecuencias, luego de un mes de hostigamientos de la guerrilla. Una verdad de a puño que, pese a la represión armada, ha logrado tener eco y confirma las denuncias del Ministro de Defensa, que deslegitiman la protesta y la negociación, sembradas nuevamente sobre sangre de inocentes. Si inteligencia desenmascaró los cerebros detrás del Catatumbo ¿por qué el Gobierno no actúa en consonancia? ¿Cuál es la razón para volver a ceder a presiones de la guerrilla?

Sabe el Gobierno que el camino es aplicar la política de consolidación del Estado Social de Derecho en Catatumbo, con efecto de choque. Es decir, llevar a sus gentes lo que nunca han tenido: desarrollo y autoridades de seguridad y justicia, Gobierno e instituciones presentes y actuantes. Prioridades muy distintas a las pretensiones de las Farc, de instituir un "protectorado" fariano en la frontera para salvaguardar, ahora y en un eventual posconflicto, su accionar delictivo. No de otra forma se explica la soberbia de los "líderes" de estos desórdenes, al subestimar las inversiones por $2 billones, que podrían propiciarse en la zona.

Ya lo había advertido. Hoy es el Catatumbo. Mañana serán la región del Lozada-Guayabero, las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María, el Cesar, Arauca y la zona del Ariari. Áreas en donde históricamente han hecho presencia las Farc y que ya reclamaron como suyas. Tremendo caldo de cultivo para encender más la hoguera del conflicto en la ruralidad. Ahí está: tanto va el agua al cántaro, hasta que por fin se rompe.