La locomotora del sector agrícola, que se había anunciado como una de las principales impulsoras la economía nacional, ha estado muy parada, por no decir varada. En efecto, muchos de sus ramos están en crisis, pues la competencia que les llega por los tratados de libre comercio, mucha de ella subsidiada por los Estados respectivos, comienza a generar la inviabilidad de algunos productos nacionales; la falta de tecnología en el campo hizo crisis, pues el atraso es muy grande; la mano de obra comienza a escasear en el campo; pero también han caído otras plagas, como la del contrabando.

Luego de la explosión social que generó la crisis agrícola el Congreso y el Gobierno tomaron medidas serias como la de buscar una inyección de 5 billones de pesos a través de la destinación del impuesto de transacciones del 4 por mil, que estaba llamado a desaparecer por antitécnico y generador salidas de corrientes monetarias del circuito financiero formal. Hay pues plata. Una parte importante irá para mantener el apoyo a los cafeteros, que es fundamental para que la caficultura no siga dando pérdidas.

La pregunta que han colocado los estudiosos del tema, como Roberto Junguito, quien fue presidente de la SAC, principal gremio agrícola, y ministro de Agricultura, es a dónde se destinan los recursos. Y es una decisión muy importante, pues la disyuntiva es grande: en subsidios, o en la generación de bienes públicos que apoyen al sector. La primera puede dar un alivio rápido y directo a los agricultores, pero normalmente es regresivo, es decir, que termina ayudando proporcionalmente más a los más poderosos que a los más pobres. Mientras que la generación de bienes públicos, que estén al servicio de todos los agricultores es mucho más democrático y transparente. La generación de nuevos bienes públicos para el sector aseguran una sostenibilidad en el tiempo, pues generalmente este tipo de inversiones lo que hacen es la de elevar la productividad del sector. Así, pues el llamado es al Gobierno planee muy bien la distribución de esos recursos que están previstos para el apoyo del campo.

De otra parte, el Gobierno tiene que diseñar una política mucho más agresiva para luchar contra el contrabando. En este aspecto, se ha ido avanzando, pero falta mucho por recorrer en este aspecto. No podemos permitir que bienes de contrabando estén erosionando la producción nacional. Y a este respecto, la industria debe ser muy consciente de ellos, pues ellos son los grandes compradores de materias importadas, algunas de las cuales no son importadas por los canales legales. Hay algunos industriales que prefieren materia prima agrícola barata y no preguntan mucho sobre su procedencia haciéndose los pulcros, cuando de verdad saben muy bien que están apoyando el contrabando.

De raíz está el problema tecnológico y de conocimiento, que pasa necesariamente por la educación y la asesoría técnica. Pues es fundamental que nuestra frontera agrícola la podamos explotar de manera racional y eficiente. Tanto por la defensa del medio ambiente, como por buena asignación de recursos. Solo con un campo fuerte en conocimiento podremos ser competitivos. A este respecto algunos de los recursos para Ciencia, Investigación y Tecnología se han destinado a hacer estudios aplicados en el sector agrícola, qué bueno que lo que se vaya sistematizando pueda estar al servicio de todos los agricultores del país.

Finalmente, en la operación de los tratados de libre comercio se debe ser muy cuidadoso con el fin de evitar que productos subsidiados entren al país destrozando la producción nacional. Hay que utilizar los mecanismos que los mismos tratados ofrecen para defender a nuestros agricultores. En esta materia hay que ser creativos y muy firmes.

Así pues, el apoyo al campo debe venir de muchas esquinas y la integralidad en el manejo de todas estas iniciativas es fundamental para el buen resultado.