Durante la totalidad de la década de los 80 y hasta inicios de los 90, El Salvador ocupó la agenda noticiosa del mundo por cuenta de la confrontación entre las Fuerzas Armadas del Estado y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De manera similar a la mayoría de conflictos de este tipo, la descomposición del fenómeno en El Salvador derivó en ejecución de actividades ilegales para financiar la dotación de armamento, persecución y exterminio selectivo de líderes políticos y sociales, infiltraciones y corrupción entre las partes, conformación de escuadrones de la muerte con apoyo de miembros del Estado, en fin… manifestaciones conocidas hoy por los colombianos.

Para fortuna del pueblo salvadoreño, y quizá de la región, entre los años 90 y 92, con mediación de la ONU, se instaló un proceso de diálogo y suscripción de compromisos entre las partes, que terminaría con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Lo anterior debería corresponder solo a un registro histórico, de no ser por informes como el presentado a finales del año anterior ante la Conferencia de Desarme de Ginebra por SmallArmsSurvey, bajo el título "Carga Global de la Violencia Armada". Dicho informe, derivado de una investigación financiada por el gobierno Suizo, reporta a El Salvador como uno de los 14 países del globo donde ocurre la cuarta parte de las muertes violentas del mundo.

Lamentablemente, Colombia comparte membresía en dicho grupo, al lado de países que no pensaríamos contar como destino turístico, tales como Irak, Sudán o la República Democrática del Congo.

¿Cómo puede explicarse que 20 años después de firmar un Acuerdo de Paz y tener al Farabundo Martí fuera de la escena, permanezca El Salvador en listados como este? ¿Logrará Colombia salir del citado listado si eventualmente ocurren y prosperan los diálogos con las Farc? Lamento augurar que, aunque los diálogos con la guerrilla son necesarios, un eventual desarme no lograría disminuir más de 10% de las muertes violentas de nuestro país. Al menos eso es lo que muestran las cifras oficiales.

En la misma conferencia de Ginebra, el embajador suizo Alexandre Fazel señaló que "las armas de destrucción masiva son las armas ligeras, que causan el 90 por ciento de las muertes violentas en el mundo", y lamentablemente no se equivoca. Manizales y Caldas, que por fortuna cuentan ya un buen tiempo sin acciones significativas por parte de la guerrilla o los paramilitares, siguen registrando preocupantes cifras de homicidios, y una buena parte de ellos perpetrados con las mal llamadas "armas blancas".

Las cifras oficiales reportan que 90% de los homicidios en Colombia se relacionan con violencia intrafamiliar, riñas, microtráfico y otras actividades del crimen organizado. Adicionalmente, se tiene registro que la mayoría de ellos son perpetrados por conocidos, amigos o hasta familiares de las víctimas. Recordemos el caso de Rosa Elvira Cely. También se reporta que las principales víctimas y victimarios son hombres entre los 25 y 35 años, lo cual significa que una franja poblacional que es vital para el desarrollo social y económico del país, está matándose por razones como portar la camiseta de su equipo favorito, llevar un celular o "pasarse" en las bromas entre amigos… entre otras.

Naturalmente es importante para la agenda pública y política del país un escenario de diálogo como búsqueda de una paz definitiva. Pero para alcanzarla no solo hay que dialogar con la guerrilla. También con los muchachos de las esquinas, con las mujeres trabajadoras, con los maestros y los estudiantes de colegio, con las universidades, con la Policía y los líderes comunales, con los artistas y los líderes religiosos, con los taxistas y los médicos… con todos… pero dialogar, no imponer, porque desconocer las libertades del otro es también en cierta forma empezar a matarlo.