En estos momentos la democracia en Colombia está en riesgo, sus instituciones, el voto popular y la división de poderes. El procurador general de la Nación se despoja de su máscara justiciera para convertirse en el hombre que pasa por encima de los derechos humanos de mujeres, jóvenes, indígenas, movimientos LGBT, y de los derechos de algunos gobernantes y políticos quienes con sus actuaciones han desafiado ya sea sus dogmáticos preceptos religiosos o sus intereses políticos. Alejandro Ordóñez parece estar cumpliendo su función pública desde su despotismo religioso y no bajo los mandatos de la Constitución del 91, la cual juró cumplir. En palabras de la columnista Cristina de la Torre "el procurador transforma su función civil en coacción de una secta religiosa". Hoy amenaza nuestra frágil democracia, y parecería que solo la ciudadanía con sus enormes movilizaciones, realizadas especialmente en Bogotá y el fiscal general de la Nación, están dispuestos a ponerle límites a sus actuaciones desproporcionadas y quizá inconstitucionales. Y me pregunto ¿dónde están la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuando se requiere preservar nuestra institucionalidad?

Acabamos de vivir en Bogotá el efecto de su látigo justiciero: destituyó de manera arbitraria a un alcalde elegido popularmente, y no contento con eso le sentenció la muerte política por 15 años. A Samuel Moreno lo sanciona por robarse los recursos de Bogotá a 12 meses y a Petro por fallas en la aplicación de una política pública sobre la recolección de basuras, que presentó sí problemas administrativos, mas no de corrupción, le decreta 15 años de inhabilidad política. Vale aquí recordar que muchos parapolíticos han sido absueltos por él, mientras que políticos de izquierda o independientes, quienes han enfrentado paramilitares y mafiosos, han recibido sanciones de más de 10 años como Piedad Córdoba, Alonso Salazar, Guillermo Asprilla. Hoy se dice, están bajo su mira, Iván Cepeda y Sergio Fajardo.

Sentencias de la Corte Constitucional referidas a defender los derechos de mujeres, indígenas, LGBT, entre otras, ha decidido no acatarlas, e interferir en su aplicabilidad, es el caso de las sentencias que permiten el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos establecidos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la salud de la madre está en riesgo y cuando el feto tiene malformaciones.

Al proceso de paz también ha decidido atacarlo a nivel nacional e internacional con argumentos típicos de odios vindicativos y de desconocimiento sobre el carácter de la justicia transicional. Afirma, al igual que su amigo Uribe Vélez, que la impunidad será total, lo cual es falso. Hoy le preguntamos de nuevo ¿cuándo se pronunció al respecto, o viajó a la Corte Internacional en La Haya para alertar sobre la negociación con paramilitares durante el gobierno de Uribe?

En resumen, Ordóñez no respeta el voto popular, quiere desobedecer mandatos constitucionales y ataca la paz ¿qué podemos hacer?

- Suprimir la Procuraduría, como lo plantea el profesor Rodrigo Uprymny, porque concentra poder y sus funciones ya las cumplen otras instituciones. Sin embargo, si no es posible suprimirla, hay que regularla: que una instancia autónoma y con fuerza política pueda exigirle rendir cuentas; disminuir su poder, que no tenga la capacidad de destituir y decretar la muerte política a gobernantes elegidos democráticamente y por último, arrebatarle la incidencia burocrática y clientelista que maneja a través de una nómina millonaria que reparte entre altas cortes y congresistas.

- Continuar saliendo a las calles de manera pacífica y creativa a defender la democracia y la paz. Hay que sumarse a este movimiento en defensa del pluralismo democrático.

- Apoyar la iniciativa de organizaciones sociales y políticas de hacer un gran juicio popular y político al procurador, a manera de la justicia de los pueblos indígenas. Dicho juicio está previsto para realizarlo en febrero del año entrante con la participación de los indignados contra el proyecto de ultra-derecha que Ordóñez y Uribe Vélez quieren imponernos.

Este sería un buen augurio en el 2014 para quienes defendemos la paz y la democracia en Colombia.

Coletilla: dado que tomaré unos días de descanso, esta columna aparecerá de nuevo la segunda semana de enero.