En pocos días, el 25 de marzo, se cumplen dos años de inaugurado el que se ha convertido internacionalmente en un símbolo del derroche que caracterizó el desarrollo de la crisis financiera en España: El aeropuerto de Castellón, en Valencia. Una comunidad que a su vez es efigie de la corrupción de la administración y la clase política española del último tiempo.

Producto de la imaginación y la fantasía, se vendió con la idea de que su zona de influencia llegara a los países del norte de Europa, pero hoy, y después de una inversión de 150 millones de euros, el aeropuerto de Castellón es fantasma y no dispone de vuelos.

Como si la paradoja no fuera suficiente, el aeropuerto sin aviones gasta 7 mil euros mensuales en luz, paga vigilancia privada y costea una nómina de siete trabajadores.

Claro que la suerte de los castellonenses no es tan infausta como la de los caldenses y habitantes del Eje Cafetero en Colombia. Allá al menos terminaron el aeropuerto y rentaron la pista a un equipo alemán por 3 mil euros para que realice pruebas de coches.

Acá, después de haber invertido 200 mil millones de pesos para la construcción de Aeropalestina o Aerocafé, el que debía entregarse en diciembre de 2011, no solo no se culminó, sino que va a terminar siendo la pista de bicicross más grande del mundo y un elefante blanco con negras perspectivas.

La lista de improvisaciones y yerros es espantosa. Incluye desde una estructuración del proyecto con fallas de planeación y ubicación, en el que la orientación de la pista obedeció más a una apreciación visual subjetiva; un proyecto que arrancó sin análisis del suelo, de flujos de agua subterránea y lluvia, sin estudios de aguas ácidas, de fallas geológicas, de análisis de sismicidad y microsismicidad. El proyecto fue también subvalorado tanto en lo técnico como lo económico, entre muchos otros desaciertos.

El resultado es que gigantescos terraplenes, que rellenaron la depresión entre montaña y montaña, terminaron por deslizarse.

Pero el desastre no solo fue producto de una retahíla de equívocos e incompetencia, sino también un incesto de colusiones, facilitado el desentendimiento en ejercer supervisión y vigilancia por parte del ministerio de Transporte y la Aerocivil. Como lo denunciara el diario LA PATRIA, se forjó un mini cartel, al mejor estilo de Bogotá, para quedarse con los contratos.

Allí los exalcaldes de Manizales, exgobernadores de Caldas y exgerentes del proyectado aeropuerto tienen mucho por qué responder, y vaya a saberse si no de corrupción, pues además se dice que con los recursos mal habidos se financiaron campañas.

Lo cierto es que después de 10 años de obras los caldenses no tienen aeropuerto y el dinero se despilfarró. El asunto es más grave si se considera que esta era la obra más importante para la competitividad y el futuro de Caldas, un departamento que se desindustrializa a marchas forzadas, que con dificultad conserva sus cotas de población y que, paradójicamente en medio de uno de los mejores booms de la economía nacional, está quebrado.

Es tal el desgreño causado que el exministro de Transporte, Germán Cardona, manizaleño, prometió unos estudios para conocer el estado real del proyectado aeropuerto y no cumplió.

El hombre fuerte del gobierno pasado, el entonces senador y ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, fue diligente en imponer a Francisco José Cruz como gerente del proyecto, uno de los principales indiciados, pero lerdo en pedirle al entonces ministro Andrés Uriel Gallego ejercer la rectoría de tan vital obra.

En el aeropuerto de Palestina sucede como en el fallo de San Andrés y Providencia, los 8 años de gobierno de Uribe sirvieron para dejarle la papa caliente al actual gobierno, el mismo que debe apersonarse del barullo si no quiere ser partícipe de un símbolo del derroche.

Si las obras no se construyen y esto sucede cuando la economía del país crece y el margen fiscal del gobierno es adecuado, no me imagino la suerte de los caldenses y los pobladores del Eje Cafetero cuando el contexto económico deje de ser favorable y se sobrevenga una nueva crisis. Ahí nos daremos cuenta cuan lesivos son los tradicionales manejos políticos y la corrupción en Caldas, para que la Contraloría General de la República parece estar inhibida o no actuar con diligencia.