En su libro "La quiebra de las democracias" el reconocido politólogo alemán-español Juan J. Linz acuñó en 1978 el concepto de ‘oposición semileal’ para describir aquellos partidos o líderes que no tienen por objetivo destruir la democracia, pero que al actuar con ambigüedad y oportunismo frente a ella, sobre todo en los momentos de crisis, terminan beneficiando los intereses de la ‘oposición desleal’ y contribuyendo al derrumbamiento del sistema.

Guardadas las proporciones entre sistema y gobierno, el oportunismo del exvicepresidente de Paraguay Federico Franco fue lo que dio el golpe de gracia para la caída reciente del presidente Fernando Lugo. Y a pesar de responder a una confrontación abierta y conocida por todos, la pugna entre el presidente de Panamá Ricardo Martinelli y su vicepresidente Juan Carlos Varela afecta la imagen del país y arriesga la estabilidad institucional del mismo. En el caso colombiano, y si bien el vicepresidente Angelino Garzón merece el apoyo y paciencia del país en su proceso de recuperación, es desafortunado que haya confundido su rol, transgredido los límites de lo institucionalmente admisible y haya asumido una postura de coqueteo con el oposicionismo semileal, con los riesgos que ello implica.

El genérico derecho a disentir no puede hacerle olvidar al vicepresidente que fue elegido popularmente para contribuir a llevar a cabo un gobierno exitoso, lo cual requiere la mayor de las veces tener una sola voz, y para cumplir las funciones que el presidente le delegue. Para eso los colombianos pagan con sus impuestos los costes en que se incurre desde la vicepresidencia y no para que exprima políticamente con posturas semileales y con cartas que nada agregan al logro de los objetivos del gobierno que representa.

Si lo que el vicepresidente quiere transmitir es una imagen de omnipresencia para despejar dudas sobre su proceso de recuperación y disuadir a sus críticos sobre su capacidad para permanecer en el cargo, hay posturas más constructivas que las que ha asumido a partir de una cabal comprensión de las funciones del cargo que ostenta y la misión que le fue encomendada.

Si el vicepresidente tiene ideas importantes para reconducir los principales temas de la agenda nacional debería canalizarlos a través de los conductos gubernamentales. Si encuentra que no tiene eco o que el presidente Santos está rodeado de un grupo de amigos y tecnócratas que no prestan atención a sus planteamientos entonces debería renunciar y asumir su liderazgo político desde fuera del gobierno, donde seguramente tendrá gran acogida y acompañamiento de los colombianos.

Es entendible y hasta aceptable que el vicepresidente tenga disonancias con funcionarios en torno a temas puntuales como la medición de la pobreza o al salario mínimo, pero es injustificable en cualquier país de democracia avanzada que el jefe de la oposición lance como candidato presidencial al vicepresidente del gobierno y no pase nada. Y lo que no se sabe si es peor, que el vicepresidente termine apoyando una constituyente en contravía de la directriz del presidente. Una propuesta constituyente impertinente, contraproducente, que con el argumento de ser para materia específica tiene como velado propósito el crear zozobra política e institucional para minar el margen de gobernabilidad del Ejecutivo y lograr el objetivo final, reformar la constitución al amaño de propósitos desconocidos. Un planteamiento de constituyente que sin terminar de nacer contiene propuestas desde ya inconstitucionales.

La postura de sombría lealtad institucional del vicepresidente, no obstante, no es nueva. Ya en diciembre de 2004, cuando las Farc se pronunciaron públicamente a favor del despeje de Pradera y Florida para adelantar el intercambio humanitario y el entonces gobernador del Valle Angelino Garzón salía a los medios a mostrarse a favor de la postura, omitía el mandatario mencionarle al país que llevaba no menos de seis meses enviándole mensajes secretos a las Farc a través de la Comisión de Conciliación Nacional para proponerles el despeje de dichos municipios. Cabría preguntarse si el gobierno nacional de entonces, que rechazaba públicamente el despeje, conocía los movimientos del gobernador.

Garzón es sin duda un dirigente que ha demostrado admirable reciedumbre y capacidad de sobrevivencia a numerosas batallas y por ello su aporte pudiera ser invaluable. Pero su legado también se asemeja sinuoso, como quien pretende avanzar a cualquier costo, y con escasa o nula visión del fortalecimiento institucional. La gubernatura del Valle le sirvió para afianzar sus aspiraciones nacionales y de convergencia con el uribismo, pero su personalismo contribuyó a que la política del departamento quedara al garete y en una de las crisis políticas e institucionales más difíciles de su centenaria historia.

El vicepresidente debería entender que su coqueteo de oposicionismo semileal y su oportunismo pueden significar jugar con fuego, jugar con la institucionalidad del país, más en un momento en que el aumento de la percepción de inseguridad y la crisis económica internacional pueden fácilmente retrotraer el margen de maniobra del gobierno. Ya fuera por factores externos o por la bondad de algunas de las políticas del Ejecutivo, el país tiene margen para avanzar en la consolidación de las reformas, como Chile y Perú, y sería una lástima que se desaprovechara el momento. El país eligió al vicepresidente para contribuir al éxito del gobierno, para contribuir a la estabilidad institucional, y para eso paga sus impuestos, y no para posturas anodinas.