No hay mejor sitio en el planeta que las universidades estatales, las privadas y en muchos casos las confesionales, para controvertir. La universidad es por excelencia el lugar en donde todos, sin distinción alguna -e incluso en ciertos casos el personal administrativo-, puede expresar sus opiniones sobre todos los temas sin limitación alguna, sin tiempo definido y sin temor a que sus opiniones, en favor o en contra, puedan ser objeto de retaliaciones de cualquier tipo.

Lo sucedido en la Universidad de Manizales, la semana pasada, ante la presencia del señor procurador General de la Nación, es un hecho que contradice el objeto final de la universidad, cualquiera que esta sea.

El procurador es una persona que ha causado un sinfín de opiniones y ha alinderado al país en dos grandes grupos: Los que están a su favor y los que están en contra. El procurador causa reacciones por sus opiniones más allá de sus fallos y conceptos dados en forma oficial. El procurador actual tiene un especial talante que lo distingue de quienes lo han antecedido en ese cargo en el país.

Muchos le atribuyen que sus fallos están sesgados por consideraciones personales que inciden en la aplicación de la justicia, sin embargo, todas sus actuaciones pueden ser sometidas a los recursos legales que la Constitución le otorga a cada ciudadano o ente que ha sido sancionado por la Procuraduría o el procurador, situaciones que no siempre son idénticas por cuanto, como es conocido, existen otros funcionarios en esa institución que tienen la independencia en la producción de sus decisiones, las cuales son de carácter obligatorio mientras no sean recurridas.

El procurador tiene que someterse a la Constitución Nacional y a las leyes de la República, gústenle o no, porque ellas son mandatorias para todos los ciudadanos que habitan en Colombia.

Efectivamente existen grupos de población que no comparten ni las decisiones ni las opiniones del procurador General de la Nación, ello es respetable y debe ser comprensible para los demás. No es fácil aceptar todos sus pronunciamientos, por cuanto algunos caen en una especie de caja de donde es muy difícil separar la verdad jurídica de la opinión personal.

Pero a lo que no hay derecho es que se le someta al señor procurador General de la Nación a una rechifla que impida la libre expresión de él, y a lo cual debe contestarse con posiciones sustentadas en el marco de la Constitución Nacional, de las leyes, de los derechos naturales de las personas y todo aquello que propenda por la libre expresión del ser humano y que fortalezca su existencia, sin posiciones violentas que impidan el libre discernimiento que debe estar presente en los claustros universitarios.

Al procurador hay que controvertirlo abierta y permanentemente, pero por los canales que son de libre utilización entre los colombianos, sin que por ello se creen grupos que, si bien pueden tener razón, no son los medios que deben imperar en las relaciones entre seres humanos con preparación académica.

La universidad, cualquiera que ella sea, no puede seguir siendo el nicho que evite que los problemas del país puedan ser discutidos sin el más mínimo análisis que facilite la comprensión de las verdades, las falsedades y las oportunidades. Los universitarios tienen la inmensa responsabilidad de utilizar en toda su extensión a la universidad para realizar sus estudios, conclusiones y proyectos que ayuden al país a tener otras ideas y otras posibilidades que puedan traducirse en leyes u otras normas para el beneficio general de la comunidad.

Los gritos, los atropellos verbales, las distorsiones colectivas del momento y la imposición de preconceptos no son actitudes de universitarios que tendrán la responsabilidad de conducir al país en los próximos años.

La madurez de los universitarios se mide por la verticalidad, la franqueza, la altivez y la verdad con la que se exponen las concepciones que sobre los colombianos, sus instituciones y sus entornos tengan cada uno de ellos o sus grupos.