En mis cursos suelo reiterar que el centro histórico con su arquitectura republicana, epicentro de esas actividades comerciales mayoristas de ayer que ahora se han trasladado a las grandes superficies de mercado, es ese atractor urbano ubicado en la zona comercial de la ciudad, que debe valorarse por el valor intrínseco y estado de los viejos inmuebles de su patrimonio arquitectónico. En nuestro caso, dada la creciente degradación del lugar donde se materializa la historia y el espíritu manizaleño, gracias a la Fundación Centro Histórico de Manizales ha surgido desde la sociedad civil un proceso participativo, que propone diseñar e implementar una acción urgente para prevenir la consecuente pérdida de nuestra arquitectura republicana. Como punto de partida habrá que señalar, no solo que los procesos de urbanización a nivel global son una de las tendencias de hoy, sino que en Colombia como país de ciudades, Manizales es una ciudad intermedia de pequeño tamaño con grandes posibilidades e indiscutible urgencia de conurbarse, para consolidar el área metropolitana y también la ciudad región en el Eje Cafetero, buscando no palidecer en las siguientes décadas.

Por la profunda degradación del centro histórico, la apacible, risueña y placentera Manizales de ayer ha cedido paso a la frustración de sus ciudadanos: al lugar se le ha arrebatado la vida social a los moradores de los viejos inmuebles, al permitirse actividades que incrementan la amenaza de pérdida del patrimonio arquitectónico en que se soporta el carácter de esta ciudad refundada tras los incendios de los años veinte.

Al tiempo, las edificaciones y viviendas que colman la retícula ortogonal de la zona céntrica, ahora envejecidas y con normas residenciales caducas, se van embarullando en medio de reformas que rompen los continuos urbanos del siglo XX, para obtener locales destinados a actividades que resquebrajan la estética citadina, conforme se arruina su decorado y pierde el confort haciendo inhabitables las viviendas, al enfrentar a los inmuebles con la calle convertida en un caos donde florecen actividades informales que generan incomodidades al peatón y al residente, caso la 23 y la 19, cuando no el efecto del smog generado por las rutas del transporte público de la 20 y la 21.

No obstante, la complejidad del problema obliga a reconocer que siempre las ciudades evolucionan, por lo que la zonificación urbana debe responder a los desafíos de cada época: cómo resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo, los asuntos de la movilidad y con ellos los de la economía urbana, mejorar el decorado y resolver los espacios sucios y malolientes, o reducir la polución del aire, si no es recurriendo a medidas ya probadas en tantas ciudades, como una peatonalización del espacio público en la 23, acompañada de políticas sociales y económicas conducentes a generar empleos dignos y actividades comerciales formales. Esta tarea resultado de un proceso de ordenamiento territorial participativo, concertado y amplio del centro histórico como fragmento del centro de Manizales, puede hacer viable en el mediano plazo un aislamiento de los vectores conflictivos, para blindar sus atractivos al separarlos de la circulación y de peligros ambientales, con el fin de recuperarle a cada elemento su función, convertir el conjunto en un "paseo" y volverlo un lugar homogéneo notable, objeto de exposición y vida cultural digna de la ciudad.

Como complemento, habrá que potenciar las actividades culturales del centro histórico mediante políticas de soporte a algunas actividades comerciales y de servicios, propicias para abatir en el lugar el tema de la informalidad y brindar una oferta calificada de opciones recreativas que llenen el tiempo de todos los manizaleños como sus usuarios. Aún más, en la periferia más inmediata pueden promoverse procesos de renovación urbana incluyentes, abriendo espacios habitacionales con unidades residenciales a la inmensa población de clase media y sectores populares, que en el tema laboral absorbería el centro histórico y no histórico de la ciudad, dado que los trabajadores y empleados urbanos -en especial los de las grandes urbes-, a menudo consideran más determinantes el precio y tiempo invertido en el transporte entre la vivienda y el lugar de trabajo, que las pesadas condiciones ambientales inherentes al oficio, por difíciles que sean.