Bajo el título "Tráfico de versiones" publiqué, en mayo de 2009, una columna similar en su contenido a esta, cuando empezaron a circular listas de ganaderos y empresarios de diversos sectores, extorsionados por abogados y delincuentes presos en el país y en el exterior, para no ser incluidos en sus injuriosas versiones ante la justicia. Dije entonces, que durante décadas fuimos víctimas de la extorsión de guerrillas y paramilitares, que nos obligaron a pagar por nuestro derecho a la libertad, la vida y el trabajo.

Tres años después, las circunstancias no han cambiado en lo sustancial. Enfrentamos un carrusel de versiones desde sectores, que buscan condenar a los ganaderos ante la sociedad. Mientras algunas voces afirman que hemos creado grupos anti-restitución en ¡400 municipios!, las de los paramilitares extraditados tienen a Jorge Visbal con medida de aseguramiento y empiezan a acusarnos de oscuras intrigas para nombrar fiscal, con versiones fantasiosas que incluyen a funcionarios de Fedegán recaudando dineros por maletadas, para sobornar a la Corte Suprema de Justicia.

De inverosímil han calificado esta versión columnistas objetivos. No dudo en afirmar que, de lo puro malintencionada y torcida, es sencillamente delirante. No solo es otra arremetida contra la ganadería, lo cual es grave, sino una acusación a la Corte Suprema de la época (2005), de estar permeada por el narco-paramilitarismo. Algo verdaderamente desestabilizador para nuestras instituciones democráticas.

Los ganaderos, víctimas de guerrilleros y paramilitares, hoy empezamos a ser objetivo de otra victimización por parte de sectores interesados en estigmatizar al gremio y sabotear la restitución de tierras. No dudan en llevarse por delante a quien sea, con tal de satisfacer sus odios y mejorar su posición ante la justicia. Una vez más, están en juego nuestra libertad, nuestro buen nombre y nuestra vida.

Lo había advertido. Alerté a los ganaderos cuando, además,acepté la responsabilidad colectiva que les pudiera corresponder, por el pago a que se vieron obligados por falta de protección del Estado. Sostuve que quien hubiese violado la ley debía responder ante la justicia, pero que la contribución extorsiva no podía interpretarse como un auspicio o de "relaciones" de las que hoy persigue la justicia a partir de las versiones de desmovilizados.

Estamos ante un carrusel de versiones, de mentira por entregas, al vaivén de las conveniencias de delincuentes que hoy confiesan y mañana se retractan; hoy recuerdan que hablaron con fulano y mañana con zutano. Es una cacería de brujas, una oleada de desinformación e insólitos señalamientos. Podría decirse que "el que nada debe, nada teme", pero no es así; el que nada debe, que también tema, ante la posibilidad de versiones infames y sin sustento.

Y qué mejor que un ganadero para acusarlo de paramilitar por los unos y vulgar delincuente por los mismos paramilitares. Infortunadamente, el gremio carga con estigmas, por haber vivido en medio de la violencia rural; violencia de la que fuimos víctimas, nunca victimarios. El libro Acabar con el Olvido recoge la lista de 4.000 ganaderos secuestrados y asesinados, y es larga la de extorsionados y despojados. Resulta inadmisible que terminemos otra vez

victimizados, ya no por la fuerza de las armas sino por la versión mentirosa de delincuentes.

Confiamos en la justicia, pero consideramos inaceptable que, sin que medie prueba, más allá del testimonio de un criminal, se vincule a una persona y se dicte medida de aseguramiento. Reitero la posición del gremio de colocar en el Estado la responsabilidad total de la defensa de los ciudadanos, porque el país No puede volverse a equivocar. Los ganaderos, víctimas de la extorsión durante medio siglo, no lo serán más, por cuenta de nadie. Tenemos derecho a nuestra libertad, a la vida y a nuestro buen nombre.