¿Se acuerda Usted, amigo lector, de la denuncia que hicimos en esta columna sobre el maquiavélico contrato entre la Industria Licorera de Caldas y la firma antioqueña Dispres S.A.S., en virtud del cual esta última adquiría los derechos de la distribución de la totalidad de los licores en Antioquia, mediante una cláusula soterrada, perversa y pestilente? ¿Se acuerda Usted de que, en su defensa, trataron de descalificar a quien esto escribe y de orientar las denuncias hacia rencillas personales o supuestas retaliaciones comerciales? ¿Se acuerda Usted de que, a medida que ahondaba en las denuncias de las actuaciones perversas de María del Pilar Joves, gerente de la ILC, y su protector Guido Echeverri (hoy líder de "Buen Gobierno"), la polvareda se devolvía en mi contra y pasaba de denunciante a criminal?

Pues bien: en audiencia celebrada el 15 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia aceptando el allanamiento a la demanda y, en consecuencia, declarando la nulidad del parágrafo 1 de la cláusula 1 del contrato de compraventa 131-2011 suscrito entre la ILC y Dispres S.A.S.

Lo anterior quiere decir que, después de una lucha jurídica provocada, presionada y obligada por la denuncia pública, se logró abolir el adefesio legal, patrimonial, contractual y sospechosamente direccionado que la gerente Joves había dejado plasmado en un contrato que solo beneficiaba al distribuidor, al departamento de Antioquia, a la Fábrica de Licores de Antioquia, y a uno que otro bolsillo que esperaba retribución por tales beneficios. Esto, que en otro escenario, o con otros protagonistas, hubiera tenido repercusiones drásticas o hubiera derivado en sanciones o penas acorde con las transgresiones cometidas, en el nuestro solo generó un premio del gobernador Guido a su protegida Pilar, quien pasó a ocupar uno de los principales cargos en su gabinete. ¿Son rencillas personales, o retaliaciones comerciales? ¡No! Y la gente, conociendo la verdad, no puede caer en ese juego perverso de poder, desinformación y mezquindad.

Adicionalmente, casi un año después de haberse firmado el citado contrato, y luego de haber dejado en evidencia un vergonzoso silencio, la Contraloría de Caldas, dentro de un control de advertencia del 19 de noviembre de 2012, expresa: "Cabe señalar que el parágrafo antes descrito (en el cual se le otorgaba el derecho a Dispres S.A.S. para la irregular distribución en Antioquia), estipula unos beneficios a favor del contratista, sobre los cuales no se tiene facultad expresa por parte de la Industria Licorera, como quiera que son los mismos Departamentos vinculados con un convenio quienes deciden o eligen la persona de derecho público o de derecho privado que distribuirá el producto, y son ellos a través de sus diversos estamentos quienes demarcan los parámetros e imponen las condiciones para la distribución de los mismos." "…En consecuencia estipular en un contrato cláusulas o parágrafos como el referido… obligaciones estas, que escapan a la órbita de competencia de la Entidad que las suscribe, y benefician a un distribuidor a futuro, es a todas luces adverso para los intereses de la Industria Licorera de Caldas… situación que puede desencadenar futuras controversias judiciales por incumplimiento de contrato por parte de la Entidad contratante".

Pero todo esto pasó silencioso en los medios, mientras desde la misma ILC se ejercían presiones para acelerar la apertura de fronteras con el departamento de Antioquia, y mientras el gobernador Guido Echeverri asumía una posición tibia y escurridiza que amenazaba con permitir legalmente una invasión de la destilería antioqueña en un mercado que no se encontraba preparado para resistir los embates masivos ni la agresividad publicitaria y comercial de la FLA. ¿Tiene esto lógica? Lastimosamente bajo este esquema de connivencia, permisividad y complicidad, sí.

Por eso es importante aprovechar este relevo en la Industria Licorera de Caldas, para que la sombra de la apertura de fronteras se despeje de una vez y se analice de cara a la comunidad la conveniencia o no de acelerar el proceso. Sabemos que llegará el día en que la fuerza del mercado y de las circunstancias legales nos obliguen a abrir fronteras; pero en el momento no creo que estemos preparados para ello. Además, existen unos contratos de distribución firmados bajo unas condiciones que, de cambiar por voluntad administrativa del Gobernador de Caldas, desencadenaría unas demandas millonarias que ni la empresa ni el departamento están en condiciones de afrontar. Un departamento deprimido económicamente e inmerso en Ley 550 no puede darse el lujo de adicionarle a sus desgracias el desprestigio que le generaría la inseguridad jurídica en sus contratos. Confiamos en que esta nueva Junta y el nuevo gerente van a saber defender uno de los pocos patrimonios que nos queda.

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Y mientras en esta columna se destapaban esas aberraciones, en otros escenarios se dedicaban a denigrar, a minimizar y a tergiversar las denuncias, haciendo aparecer al denunciante como cómplice de las viejas coaliciones. Pero se les olvida que María del Pilar Joves tiene origen en el yepismo puro del departamento de Caldas; solo que adquirió su estatus de impoluta cuando se pasó al otro bando -el de los buenos- donde le brindan impunidad, le guardan silencio y le aúpan sus más oscuros comportamientos. Y que Guido Echeverri tiene su origen en el liberalismo giraldista, pero también pasó a ser de los buenos cuando se alió con el otro bando. Es decir, se está comprobando nuevamente que en esta hermosa tierra se es delincuente o no; se castiga o no; se persigue o no; se condena o no; se judicializa o no, dependiendo del bando al que se pertenezca. Y es contra eso que hemos luchado durante estos años de labor en los medios. La lucha no es personal; es por la dignidad que merecemos ¡Y el tiempo nos está dando la razón!