Se inician por estos días los diálogos acerca del tercer tema de los cinco propuestos en la mesa de La Habana. Como en los dos anteriores, seguramente no tendremos detalles de los temas conversados en esta nueva fase sino hasta el final del proceso, por esta razón no tenemos (ni tendremos) certeza si se discuten o no las implicaciones ambientales del cultivo, procesamiento y transporte de plantas de uso ilícito. Tampoco sabemos aún si en el primer tema, sobre el desarrollo agrario del país, además del resarcimiento social y el acceso a la tierra, entraron al debate los análisis sobre el acceso y uso del agua, el suelo y la biodiversidad. No tenemos ninguna certeza sobre las conversaciones en su globalidad, pero al menos no se hace visible si los temas del uso y aprovechamiento del patrimonio natural y la reparación al deterioro ambiental derivado de la guerra hacen parte de la agenda de negociación.

En el camino de la paz que muchos esperamos trasegar, es imprescindible la reconciliación entre los seres humanos, pero también lo es de estos con los otros seres y con el entorno mismo, que también han sido violentados.

En este sentido, al igual que la mayoría de las muertes violentas de nuestro país no se pueden asignar a la confrontación Gobierno-guerrillas, los delitos ambientales y el deterioro del patrimonio natural no se deben exclusivamente al narcotráfico y las acciones de los grupos armados, como trató de proponerlo uno de nuestros gobiernos recientes. Una vez cerrado el ciclo de La Habana, con el acuerdo de cese de la confrontación que muchos deseamos, habrá que reflexionar desde los ciudadanos acerca de los cambios sociales y culturales que tenemos que gestar para reducir las diversas formas de violencia y el deterioro ambiental que pone en riesgo las diversas formas de vida.

Uno de los múltiples efectos de la guerra y la cultura de violencia en la que nos hemos sumergido, es que hemos perdido la conversación y el diálogo como hábitos y como mecanismo para tramitar nuestros conflictos. En algunos casos por intimidación, en otros por inutilidad y en otros por estrategia; las acciones sin concertación han sido el marco en el que prosperan los conflictos socio-ambientales de nuestros territorios. Tanto las acciones predadoras de los ilegales, como la imposición de proyectos extractivos o el abuso de instrumentos judiciales, excluyen, o al menos desalientan el diálogo como mecanismo de construcción de paz y convivencia.

No es viable un escenario de paz, restitución a víctimas, reparación y desarrollo productivo, en un entorno deteriorado. Pero el compromiso individual que los ciudadanos debemos asumir para contener y revertir el deterioro ambiental va mucho más allá de cerrar el grifo, apagar las luces, reciclar o dejar de usar el carro un día al año. El compromiso con el entorno también debe materializarse en la conversación y el diálogo: Participando cuando se convoca o exigiéndolo cuando no se hace.

Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de nuestros municipios distan de ser las herramientas para la gestión del desarrollo y el uso racional de nuestros recursos. Algunos por falencias técnicas, otros porque se concentraron en lo urbano, algunos más porque fueron formulados por "externos" pero, casi todos, de lo que carecen es de la base social y de la construcción colectiva. La fortaleza de los instrumentos de planificación no radica en la inversión en estudios y consultorías, sino en la pluralidad, el consenso y la legitimidad de la que gocen.

Los actores armados renuncian al diálogo, porque las armas les dan la facultad para imponer sus decisiones. Los gobiernos renuncian al diálogo, porque consideran a los ciudadanos como menores de edad, no como interlocutores válidos. Pero los ciudadanos renunciamos al diálogo por conformismo, comodidad, resignación o indiferencia, condiciones que nos hacen inútiles.