Los flashes, el champán y el cruce de manos entre los 4 dignatarios de la Alianza Pacífico (AP), nos vendieron otro espejismo de los supuestos mercados ampliados.

Desde el glamoroso evento de Cartagena -un desaire para Cali, Quibdó, Tumaco o Buenaventura, cuya inseguridad y pobreza avergüenza a nuestro mandatario- no se escatimó en anuncios de primera plana. Comercio libre para el 92% del universo arancelario, generación de empleo, aumento del PIB y la inversión e integración a la Cuenca del Asia-Pacífico. ¡Delirante!

Pero la verdad es otra para el sector agropecuario. El acuerdo inconsulto profundizó las inequidades pactadas en los TLC de 2009 con esas economías. La costumbre de este Gobierno de desgravar en papel, nos dejó más desprotegidos y sin resolver las restricciones en México y Chile para nuestra oferta agroalimentaria.

Sí, ni los socios ni las falsas promesas eran nuevos y salvo con Perú -un mercado activo de vieja data para nuestras exportaciones- en la AP no hay nada que hacer, aunque las oportunidades son enormes. Una premisa que aplica para los otros 19 acuerdos suscritos, en donde el sector ha sido el gran perdedor de siempre. Ese que menosprecia el Gobierno, aunque el campo esté sumido en una desesperanza que puede terminar en un estallido social de incalculables consecuencias. Ahí está la ganadería. Aunque los TLC nos dejaron la prerrogativa de exportar más de 59.000 toneladas de ganado en pie y productos cárnicos y otras 32.000 de leche y sus derivados, no hemos podido vender un kilo de carne, mientras que las de quesos o leches son francamente famélicas. Seguimos dependiendo dramáticamente del inestable mercado venezolano.

No importa que nuestros productos tengan un plus comparativo en calidad o precio frente a los socios, como ocurre en esta coyuntura de precios deprimidos del ganado colombiano. Sencillamente la admisibilidad es nula. Llevamos 8 años buscándola sin resultados. Están de por medio barreras zoosanitarias, cuyo desmonte tampoco se exigió en el Protocolo Adicional de la AP. Pero no fue lo único que nos dejó este acuerdo. A la desgravación arancelaria y la reducción en tiempos para liberar productos sensibles de nuestra economía agropecuaria, se sumó la eliminación del Sistema Andino de Franjas de Precios. En contrapartida, se establecieron periodos amplios de protección para México, con impuestos a la entrada para bienes en los cuales Colombia podía tener alguna oportunidad.

Es un acuerdo más, que abultará los saldos en rojo. Basta observar la balanza comercial entre Colombia y México que ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2013 el monto negativo es de US$4.200 millones, pero es diciente el aumento del 150% desde 2009, cuando se perfeccionó el actual TLC. Pese a ello, organizamos la VIII cumbre de la AP –en el Caribe, no en el Pacífico donde es más evidente el abandono estatal y las asimetrías de nuestra cuenca, frente a los desarrollos de México, Chile, Perú o de cualquiera de los 30 observadores del pacto–. Y reincidimos en dejar lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros, incapaces de evolucionar en una negociación que representará una oportunidad y no otra amenaza para el "agro" colombiano.

¿Puede el Gobierno seguir fiando tratados sin exigir condiciones equitativas, para favorecer la efectiva exportación de nuestros agroalimentos? ¿Por qué no avanza la agenda interna, única fuente para que el sector productivo pueda dar el salto cualitativo, mitigar los choques del mercado externo y asegurar la infraestructura mínima para competir? Muchos empresarios entusiastas quedarán embarcados en la riesgosa aventura y abandonados a su suerte. Adentro se encontrarán sin carreteras en el Pacífico, sin puertos de gran calado, un sistema sanitario ineficiente y transporte costoso, en medio de una población empobrecida y asolada por el narcoterrorismo. Y afuera con barreras arancelarias y pararancelarias infranqueables. Dos miradas lamentables que exigen acompañamiento, responsabilidad y promoción de un Gobierno con los pies en Colombia y no en La Habana.