Como agua de rosas le han caído a los taurinos las recientes actuaciones de dos cuerpos colegiados, uno del orden nacional y el otro del ámbito departamental, procederes estos expresados el primero en la posición de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-889 de 2012 y el segundo en el hecho que en la Asamblea Departamental de Caldas se ha aprobado, en segundo debate, el proyecto de ordenanza a través del cual: "Se declara la actividad taurina como Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento de Caldas".

La sentencia citada mete en cintura a alcaldes, concejos municipales, gobernadores, asambleas departamentales y en general a muchos funcionarios asesores de esas personas y entidades que en algunas regiones del país habían resuelto erigirse en legisladores unas veces, o en reglamentadores de providencias o normas del orden nacional otras, buscando simple y llanamente imponer sus gustos y apetencias, o mejor sus disgustos e inapetencias frente al espectáculo taurino. Esto lo venían haciendo a través de proyectos de acuerdos municipales o actuaciones decisorias unas veces y otras por medio de sesgadas interpretaciones de una sentencia anterior emanada de la misma Corte Constitucional distinguida con el número C 666/10. Muy claro les debe haber quedado a estos funcionarios el llamado de atención en el sentido que estaban obrando por fuera de sus competencias ya que en la nueva sentencia C 889 no solo ratificó la Corte que nunca había encontrado normas legales que impusiesen prohibición alguna a la manera como los espectáculos taurinos se habían venido presentando hasta la fecha sino que en ella se corroboró que se aceptaba y avalaba la regulación de estas actividades a través de la ley novecientos diez y seis del año dos mil cuatro conocida como "La Ley Taurina". Y como conclusión fruto de las anteriores reflexiones en la sentencia se conmina a las autoridades del orden municipal y departamental a que se abstengan de imponer condiciones adicionales o diferentes a las contenidas en la ley y en la jurisprudencia y que más bien se preocupen por velar por cumplimiento a las leyes de la República, incluida obviamente la taurina.

Y en cuanto a la Asamblea Departamental de Caldas, su Presidente el médico José Luis Ramírez, conectado con su pueblo y con una realidad regional que es incontrovertible, promovió el estudio de la ordenanza arriba comentada y obtuvo de su corporación un significativo apoyo, de catorce votos a favor y cuatro en contra. Me cuentan quienes asistieron a la reunión de la Asamblea Departamental en la cual se estudió este proyecto que la votación no indicó que todos los opositores lo fueran también a su contenido. De hecho algunos de ellos manifestaron reparos de otra índole, jurídicos por ejemplo, o de redacción o de falta de participación de los enemigos de la tauromaquia en el debate, pero no se vio animadversión hacia la Fiesta ni desconocimiento del hecho que la afición a los Toros hace parte del ADN de los manizaleños y agrego yo, de los caldenses en general.

Hay algo que debemos tener en cuenta y es que la posición adoptada por la Asamblea de Caldas, aparte de reconocer como es debido una realidad cultural de la región, exalta nuestra nacionalidad colombiana al darle el justo reconocimiento a nuestros usos ancestrales pues nunca debemos olvidar, como rezaba el lema de la Asociación Americana de Empresarios Taurinos, que "La Soberanía de los pueblos estriba en sus Costumbres y Tradiciones". Posiciones como la adoptada por la Corporación del departamento alejan del terruño caldense el manto con que sobre las sociedades iberoamericanas pretenden cubrirnos algunos desubicados que veneran la cultura anglosajona y esperan que sustituyamos, no sé cómo, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres y tradiciones por las que hoy profesan los herederos de los peregrinos del Mayflower.

Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.