El deterioro en la situación económica de Colombia estaba cantado desde tiempo atrás. El desplome de las acciones de Ecopetrol y la desmejora de sus resultados, desde 2014, dejaba prever las bajas sobre la calificación de deuda nacional. Esta empresa era el cajero automático para tapar huecos en el fisco nacional, pero la caída de los precios del petróleo, acompañada de mala cultura empresarial, vislumbraba hacia dónde iban los ingresos de la nación.
Para encontrar nuevas alternativas de financiación, el Gobierno ha tenido dos oportunidades para pasar una reforma tributaria estructural con el fin de preparar a Colombia para enfrentar el nuevo escenario económico global (bajos precios de materias primas). La primera, que le tocó a Juan C. Echeverri como ministro de Hacienda, se tramitó en un momento de estabilidad y se lograron eliminar algunos parafiscales. Con ello, los indicadores de informalidad laboral mejoraron en cierta medida.
La segunda, en cabeza de Cárdenas, nos dejó un nefasto sistema tributario. Las únicas mejoras vinieron por cuenta del mercado de deuda pública, se dejó de cobrar retención en la fuente a las inversiones de portafolio que provenían del exterior. Este cambio aumentó el apetito de los inversionistas por los TES, disminuyendo el costo de endeudamiento para el Estado. Por lo demás, fue una reforma altamente regresiva y puso a Colombia entre los países que más cobra impuestos corporativos en el mundo según el Doing Business del Banco Mundial. Un estudio más detallado, realizado por Gómez & Steiner (2014) demuestra que tras la reforma la tasa efectiva de tributación para empresas pequeñas es de entre 98,7% y 117,9%; para medianas entre 74,7% y 88% y para las grandes entre 45,5% y 51,9%. Un esquema altamente inequitativo y que impulsa a los pequeños empresarios hacia la informalidad.
El Gobierno tendrá una nueva oportunidad para pasar una reforma estructural. Aunque la propuesta final aún no se conoce, la OCDE, el FMI y la misión tributaria han presentado sugerencias para crear un esquema tributario “ideal”. El Gobierno ha filtrado algunas de sus pretensiones, como simplificar el impuesto a la renta y aumentar el IVA de 16 a 19% y del 5% para algunos bienes de la canasta básica hasta ahora exentos. Una combinación de mayor IVA con menor renta puede aumentar el recaudo y disminuir la tributación efectiva. Sin embargo, en un contexto de alta inflación, un mayor tributo sobre las ventas podría generar un efecto nefasto sobre la economía nacional. Además, el IVA es altamente regresivo, los pobres pagan lo mismo que los ricos, y gravar los bienes de la canasta básica afectaría los bolsillos de los más pobres, pues esta incluye los bienes de primera necesidad. Algunos expertos dicen que el IVA en Colombia (16%) es bajo. Sin embargo, es superior al promedio latinoamericano (15%), una tarifa del 19 sería la tercera más alta del vecindario.
Una reforma tributaria tendría que enfrentarse a dos retos. El primero, equilibrar los impuestos a las empresas con los de los individuos. El segundo, diseñar una estrategia agresiva de formalización laboral y empresarial y combatir la evasión. Para responder al primer reto, haría falta incluir un impuesto sobre los dividendos para los grandes accionistas (quienes reciban más de $200 millones, por ejemplo), a las mega pensiones y entidades sin ánimo de lucro. Además, el impuesto sobre la renta debería ser más progresivo para las personas naturales que para las empresas. Cobrarle más tributos al sector productivo tiene efectos negativos sobre el mercado laboral y la productividad. Además, las grandes riquezas están en los patrimonios personales, no en los corporativos.
Consecuente con lo dicho, y para llegar al siguiente reto, se debería establecer una tasa de tributación baja para las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se amplía el número de contribuyentes. Actualmente, Perú está discutiendo una reforma tributaria que contempla impuestos sobre las utilidades del 10% para este tipo de empresas, con el fin de disminuir los costos de formalización. Además, para aumentar reducir el número de evasores, hace falta hacerle un revolcón a la DIAN, tema del que poco han hablado.
La eliminación del 4x1.000 podría llevar mayores recursos al sistema financiero y hacer más fácil la fiscalización de activos si se adoptan tecnologías como las de Blockchain. Aunque viendo lo primitivo que es el Gobierno en temas de tecnología tras la polémica de Uber, parece que en estos temas el sistema seguirá pareciéndose más a los de los antiguos ábacos.