Brittany Maynard es una joven norteamericana que con su humilde mensaje de dignidad ha puesto a pensar al mundo una vez más sobre las implicaciones y el alcance del suicidio asistido. Como paciente que sufría un agresivo tumor cerebral y con una expectativa de vida menguada a 6 dolorosos meses más según los ábacos de sus doctores, Brittany decidió anunciarle al mundo que sus ganas de vivir llegarían hasta el 1 de noviembre. Se trasladó a Oregon, estado donde esta práctica clínica está permitida, y allí rodeada de sus amigos y familiares más cercanos su vida finalmente expiró.

De todo el espectro de posibles casos en los cuales la eutanasia podría hacerse presente, el de Brittany es quizás uno no tan complejo dado que ella se mantuvo consciente y con el control de sus facultades durante todas las instancias de su larga agonía. Bastante más difícil resulta cuando los matices comienzan a difuminarse, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra en coma o en estado vegetativo, pues allí la manifestación de voluntad de disponer de su vida es un poco menos evidente. Aun así, lamentablemente si el caso de Brittany hubiese ocurrido en Colombia, varias personas habrían terminado presas.

Nuestra legislación penal, a pesar de ser cómo es y de contener las incoherencias que contiene en materia de tasación de penas, ha demostrado pruebas de poseer algo parecido a un corazón y por ello el homicidio por piedad tiene un tratamiento distinto del homicidio corriente. El texto establece que si una persona mata a otra para poner fin un sufrimiento intenso que provenga de una lesión corporal o una enfermedad grave o incurable visitará la cárcel por un período que va de 1 a 3 años, lo que dista radicalmente de la cuota media de 13 a 25 años de un homicidio normal.

Pero de todas maneras sigue sin ser entendible por qué el ayudar a una persona a morir cuando esta lo considera conveniente debe observarse como una conducta reprochable para nuestra ley. El estado no tiene las facultades para obligar a nadie a vivir, por ello un paciente por enfermo que esté puede solicitar la alta voluntaria en un hospital, ni tampoco le puede sancionar cuando decide morir, de allí que un suicidio fallido no sea considerado como delito.

Entonces si atentar contra la vida propia es un acto permitido por la Constitución, ¿el que un suicida busque ayuda profesional para llevar a cabo su última voluntad, al ver que no tiene los medios suficientes o idóneos para hacerlo por sí misma, no debería ser tenido así mismo como un procedimiento legal?

Morir cuando se quiere debe ser una opción válida para todos aquellos pacientes que no quieren marchitarse entre dolores, algodones y la mirada impotente de sus allegados. Y los médicos que intervengan para responder a aquellos clamores de dignidad no deben terminar su carrera tras las rejas por hacer lo moralmente correcto. Brittany lo entendió así y la ley de Oregon nos regaló el más humano y noble de todos los finales posibles.