Acapara la atención el debate nacional -ahora sí- sobre la obligada renegociación del “mejor acuerdo posible”, para lograr otro que no sea tan bueno para las Farc y el Gobierno, pero con el que la mayoría de los colombianos estemos “de acuerdo”. En medio del debate, la opinión se concentra en el tema polémico de la justicia transicional, importantísimo, sin duda, pero instrumental para la construcción del nuevo país que pregona el Gobierno. 
La justicia es cimiento de la democracia, un bien fundante, como la seguridad, aunque por sí sola no es generadora de bienestar. La recuperación del campo sí lo es, pero una vez más pasa a segundo plano, desaparece del debate porque, sencillamente, no preocupa a esa opinión pública urbana que consume medios masivamente y, en consecuencia, tampoco preocupa a los medios. 
Para las Farc, el problema rural fue su gran bandera al sentarse a negociar, al punto que lo exigieron como prioritario en la agenda. Para el Gobierno fue un comodín que se podía entregar, porque “las Farc necesitaban algo para mostrar…” como explicó el presidente en un discurso de septiembre de 2015.
El menosprecio por lo rural, que es más bien indiferencia frente a lo que no nos preocupa, no es solo presidencial sino nacional. Por eso empiezo a sentir que el país -el del SÍ y el del NO-, en su afán por un nuevo acuerdo, se conformaría con cambios sustanciales en la Jurisdicción para la Paz -aunque el ministro Cristo insista en que es innegociable-, y en participación política, que son los temas azuzados por los medios. Las Farc callarán, porque les conviene que su Reforma Rural quede intocada, para que sirva a sus objetivos de control territorial y político. 
¿Y el campo qué? Por eso levanto una voz de alerta.
Si no se precisan los debidos procesos para la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica, y para la expropiación administrativa por motivos de interés social o utilidad pública, las probadas dificultades del Estado para completar tres millones de hectáreas a través de extinción judicial y recuperación de baldíos, pondrán en riesgo la legítima propiedad de la tierra.
Si la Ley no despeja la contradicción sustancial de “la buena fe no exenta de culpa” los procesos de restitución seguirán convirtiéndose, en muchos casos, en nuevos despojos. 
Si el catastro no se construye a partir de la capacidad real de generación de ingresos de la tierra, como ordena la ley, el predial se convertirá en una exacción para el productor rural. 
Si no se precisan las condiciones para la creación de Zonas de Reserva Campesina y sus relaciones de dependencia -sin autonomías- frente al ordenamiento territorial, administrativo y jurídico del país, se crearán repúblicas independientes minifundistas, manipuladas políticamente y sin capacidad para sacar de la pobreza a sus moradores. 
Si unas políticas claras de veeduría ciudadana y de asociatividad productiva del campesino, no reemplazan la participación de “las comunidades”, coadministrando en la planeación y ejecución de la política pública, se destruye la gobernabilidad local y las inversiones para el desarrollo rural se verán también obstruidas. El país conoce la conflictiva experiencia de la consulta previa, que será institucional en el comunitarismo de la Reforma.
Si no se retoman las salvedades insolutas sobre producción empresarial e inversión privada, nacional e internacional, estarán en peligro la seguridad alimentaria y las enormes oportunidades exportadoras del agro colombiano. 
Si la Reforma Rural Integral pasa de agache en un nuevo acuerdo, será incierto el futuro de la vida campesina y la producción agropecuaria.