El expresidente Pastrana y los también expresidentes Piñera y Calderón viajan a un foro en Caracas invitados por la oposición venezolana, y como parte de su interés por detentar la realidad de la crisis, Pastrana y Piñera deciden visitar a Leopoldo López en su sitio de reclusión, en un día de visitas y cumpliendo los requisitos, pero el Gobierno lo impide sin explicación alguna, lo cual -dice con razón Pastrana- es clara evidencia de que se trata de un preso político, aunque el Gobierno quiera mostrarlo como delincuente común.

La primera reacción fue del Defensor del Pueblo, Tarek Saab, quien los acusó de ir a "atacar a un gobierno constitucional y violar las normas legales de este país". Nuestra inefable Piedad Córdoba, quien, como cosa rara, se encontraba en Caracas, al mejor estilo de un jerarca chavista, los sindica de desestabilizar al gobierno de Maduro y apoyar grupos de extrema derecha.

Y claro, remata el mismo Maduro, con su vocabulario de patán de barrio, refiriéndose a los expresidentes como "fósiles del club de vagos de la derecha", al tiempo que los acusa de ser financiados por el narcotráfico.

Ahora resulta que el expresidente Pastrana, secuestrado por narcotraficantes en 1988 y quien denunció la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial de 1994, por cuenta de la fantasiosa angustia de Maduro en su laberinto, es injuriado y acusado de dejarse pagar por los mismos narcotraficantes para ir a derrocar su muy legítimo gobierno.

De Pastrana se podrá decir que pecó de civilista -¿ingenuo?- al confiar en una justicia que no investigó, un Congreso que precluyó, un Gobierno que miró para otro lado y una sociedad que aceptó indolente a un gobierno deslegitimado; y se podrá decir que pecó de falta de cálculo político al montar su campaña sobre una promesa de paz que fue traicionada vilmente por las Farc.

Lo que no se puede decir de Pastrana es que sea un vulgar narcotraficante, un vago o un conspirador internacional. Por ello el gobierno colombiano, como debe ser, protestó por tan irrespetuoso trato y, por fin, se pronunció con algo de energía sobre la retención de López, ante lo cual Maduro injuria nuevamente a Pastrana y conmina a nuestra Cancillería a que "no se inmiscuya en la patria de Bolívar", lo cual no obsta para que, días después, se abrace con Santos en la Celac, como si nada hubiera pasado.

Y nada habría pasado realmente, si ese mismo Gobierno que acusa a nuestros presidentes de narcotraficantes y paramilitares, no hubiera sido desnudado por uno de sus exmilitares, Leamsy Salazar, quien asfixiado por la tragedia de su país, denuncia al segundo del régimen, Diosdado Cabello, como capo de un cartel de narcotraficantes, aliado de las Farc y protegido por la Cuba de los Castro, dizque como arma política para envenenar al pueblo estadounidense.

La noticia es difundida por el diario ABC de Madrid, uno de los más reputados en España, Iberoamérica y el mundo. Su director, Bieito Rubido, aseguró que la denuncia es seria, sustentada y más que contrastada. El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, no solo no la desmiente sino que la califica de consistente.

Lo que era verdad de corrillo en Venezuela, Colombia y la DEA, ha sido confirmado desde adentro. Y, por supuesto, surgen preguntas: ¿Cuál es el papel de un Estado narcotraficante como padrino de unas negociaciones con sus socios? ¿Qué intereses persigue el punto tres sobre narcotráfico? ¿Acaso legitimarlo como delito político para limpiar la cara de todos los socios y, de paso, lavar unos dineritos?