Desde hace 4 años se decretó en Colombia la gratuidad universal de la educación preescolar básica y media en los establecimientos educativos oficiales. Esta decisión política que ha sido reconocida como progresista en buena parte de la opinión, aún en los sectores de izquierda, consiste en que el Estado transfiere un valor anual por estudiante atendido en el año a los fondos de servicios educativos de las instituciones oficiales, con la exigencia perentoria de que al estudiante no se le cobre costo alguno. Para el año 2014 en promedio el valor transferido por estudiante fue de $60.000 año; $6.000 mes.

En el estamento de rectores han existido siempre reparos a esta política, por múltiples razones, pero en esencia porque nos ha parecido más justo, más equitativo y más democrático el principio constitucional consagrado en el artículo 67 de nuestra carta magna en el sentido de que la educación en Colombia será gratuita sin perjuicio de aquellos que puedan contribuir, lo cual significa una focalización en favor de los más pobres lo cual permitiría, sin lugar a dudas, atenderles no solo los costos educativos, sino también, necesidades nutricionales, transporte, útiles y uniformes escolares.

Con la gratuidad universal todos reciben el mismo subsidio, cero costos educativos; ¿es eso equidad? De otro lado, la suma es pírrica: reconocer 6.000 pesos como pensión mensual es ahondar la brecha entre la educación ofertada por las instituciones públicas y las privadas. Pero, ¿qué gastos debe atender la institución educativa con esos recursos? A lo mejor se me escapen algunos: papelería, tintas, implementos de aseo, dotación de material didáctico, útiles escolares para transición, implementación deportiva, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, servicio de internet de las áreas administrativas, suministros de laboratorios, pequeñas obras civiles, honorarios del contador público, impuestos, pólizas, transporte de grupos, banda musical, equipos deportivos, costos asociados a la expedición del título de bachiller, carnetización anual de todos los estudiantes, etc…

Y si todo lo anterior fuera poco, la inoportunidad de los giros de estos recursos da al traste con la viabilidad de cualquier proyecto pedagógico institucional; es la hora que cursando el cuarto mes del año, no se han girado los recursos que por este concepto se obliga a la Hacienda pública con las instituciones educativas. Esta semana que recién termina, tuvimos oportunidad de comunicarnos con la unidad de planeación del Ministerio de Educación Nacional y nos manifestaron que ni siquiera se ha aprobado el documento Conpes para ese propósito, y por lo tanto es incierta la fecha del giro de estos recursos. Desde esa óptica podríamos concluir que la medida es perversa, ya que no les permitimos cobrar, les asignamos una cuota pírrica, pero además se las giramos en forma extemporánea. Esta no es una actitud responsable de un gobierno que dice estar comprometido con la educación como locomotora del gran cambio social, es un acto irresponsable de un gobierno que le apuesta a la educación en términos de shows mediáticos, pero que demuestra su incapacidad para darle sostenibilidad a esos programas que le aumentaron el fervor en los rankings de popularidad. Me surgen sentidos interrogantes:

Qué tal que la educación no fuera uno de los tres pilares del actual plan de gobierno.

¿Es así como le apostamos a la excelencia educativa?

Lograremos por esta vía ser la nación más educada en América Latina en el 2025.

Con esta panorámica de la realidad educativa en Colombia, ¿qué le espera a la tan publicitada jornada única?

Finalmente, y para enrarecer aún más el panorama, la ejecución de estos recursos tiene que hacerse durante el primer semestre porque en el segundo estaremos en Ley de garantías. Tendremos que acudir a la emergencia educativa; el año escolar está en riesgo, no en vano la Asociación nacional de docentes directivos de Colombia acaba de hacer un fuerte pronunciamiento frente al gobierno nacional fijando un plazo límite para el cierre de las instituciones educativas oficiales, y poniendo ante el país al Gobierno nacional, y específicamente al Ministerio de Educación, como único responsable de este hecho sin precedentes en el panorama educativo nacional.