El rezago agrario en Colombia es de tal magnitud que a diario encontramos situaciones que evidencian la complejidad del asunto. Mientras, por un lado, el Ministerio de Agricultura se propone una serie de programas tendientes a aumentar la frontera agrícola a través del programa Colombia Siembra; por el otro lado, miles de agricultores se encuentran en un momento difícil que urge resolverse.
Desde hace varios años el Gobierno viene impulsando dos programas para el sector rural denominados PRAN (plan de reactivación agrícola nacional) y FONSA (fondo de solidaridad agropecuario). El primero tendiente a “reactivar el sector rural colombiano que por diferentes causas presentó en la década de los 90, serios problemas en los diferentes aspectos que tienen incidencia en su desarrollo y que produjo una serie crisis de carácter financiero entre los productores del campo como consecuencia de la falta de capacidad de pago de sus obligaciones financieras con el sector bancario y de crédito institucional”. El segundo, “busca otorgar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros para la atención y alivio parcial o total de sus deudas, cuando se presenten problemas en las mismas por problemas climatológicos, fitosanitarios o plagas, o notorias situaciones de orden público”.
Actualmente cerca de 30 mil campesinos beneficiarios de los citados programas están a punto de ver embargadas y hasta perder sus tierras, dado que recibieron créditos que no pudieron pagar por cuenta de que nunca lograron cosechar sus siembras. Hoy día, además de que perdieron sus cultivos y su fuerza de trabajo, se encuentran endeudados y sin posibilidad de acceder a créditos para resolver su situación. Como están las cosas, los intereses, honorarios de abogados, y las costas judiciales, elevarán estas deudas dejando sin posibilidad alguna de pagar a quienes hoy son deudores de estas obligaciones.
En tal sentido, este servidor acaba de presentar el Proyecto de Ley 285 de 2016, a través del cual se busca suspender el cobro de esas obligaciones por un período de tiempo determinado, así como aprobar mecanismos para otorgar alivios a todos estos compatriotas que se encuentran agobiados por sus deudas. La idea es evitar el embargo de estos predios puesto que son pequeños productores, entre los cuáles hay cerca de 18 mil cafeteros. En Caldas son más de 3 mil los agricultores que tienen en peligro sus tierras.
Si no aprobamos el citado proyecto, prácticamente se estaría desplazando un número muy importante de campesinos, en una coyuntura donde por el contrario estamos tratando de hacer que las personas retornen al campo. Aspiro que el Congreso de la República acoja esta importante iniciativa como mensaje categórico de respaldo a los campesinos de Colombia.
Respeto a quienes predican que este proyecto fomenta la cultura del no pago, pero en este caso hablamos de ciudadanos de escasos recursos, que por física pobreza no tiene como pagar sus deudas.
Espero que el Gobierno a través de los ministerios de Hacienda y Agricultura acojan la citada iniciativa y rápidamente podamos lograr que se apruebe como ley de la república. Urge avanzar en el trámite de este proyecto, dado que los plazos están vencidos y los incentivos no llegan.