Desde la aprobación del Plan de Desarrollo se otorgaron facultades al presidente para reestructurar el Ministerio de Agricultura. En tal sentido, a finales del año pasado se aprobaron una serie de decretos reformando dicha cartera. En primer lugar se ordena la liquidación del Incoder, entidad absolutamente dinosáurica que no ha cumplido sus propósitos misionales, en especial la obligación de facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra y demás factores productivos. Tal entidad es reemplazada por la Agencia para la Renovación del Territorio, cuyo fin será la ejecución de planes y proyectos para la renovación de las zonas afectadas por el conflicto, y así, permitir su reactivación económica y social.

Del mismo modo, se plantea la creación de una agencia nacional de desarrollo rural mucho más dinámica y eficiente, encargada de ejecutar la política rural y agropecuaria del país. La idea es tener mayor agilidad y oportunidad en la ejecución de proyectos. Sin duda será la entidad más robusta e importante de la nueva estructura y de ella dependerá una verdadera transformación del campo colombiano.  

Otra decisión sustancial es la creación de la Agencia Nacional de Tierras, que concentrará toda la oferta de acceso a la tierra rural y garantizará la seguridad jurídica sobre ella. Actualmente la propiedad de los campesinos sobre sus parcelas es absolutamente precaria, por lo que urge una política agresiva para lograr la titulación de los predios y con ello acceder de manera más eficaz a los créditos y a la oferta del Estado.

Capítulo importante merece la creación de la dirección de la mujer rural. Ya era hora de que una entidad independiente se encargara de las mujeres que cultivan el campo, en una sociedad que debe avanzar mucho más en el esfuerzo de alcanzar mayor equidad de género.

Todas estas propuestas ya son una verdad de escritorio, ahora corresponde pasar de la retórica a la realidad. Urge operativizar cada una de estas entidades, a fin de que sus políticas lleguen a todo el territorio nacional. Es decir, que efectivamente conduzcan a una real descentralización.

Vemos con esperanza el reciente programa lanzado por el Ministerio conocido como Colombia Siembra, y en el que se busca cultivar un millón de hectáreas de diferentes productos, ente ellos, maíz, soya, arroz, cacao, frutales, etc. El éxito es que hasta el cultivador más pequeño pueda acceder a estos beneficios y con ello derivar un sustento digno. La agricultura no puede ser una labor de escasa subsistencia para quienes la trabajan. Bien difícil es trabajar la tierra para derivar de ella únicamente unas monedas para comer. Si efectivamente hay una clara focalización de los productos y de los lugares a cultivar, y se garantiza la buena comercialización de las cosechas, podemos decir que estamos por la ruta correcta.

Ojalá todos estos cambios no sean más frustraciones para los campesinos y efectivamente veamos florecer el campo colombiano. Desde el Ministerio debe asegurarse que de estas iniciativas participen los dos extremos: El de los empresarios del campo que generan oportunidades laborales nada despreciables; y el del pequeño productor que por falta de título de la tierra no tiene acceso a crédito ni a los beneficios del Estado. Gran responsabilidad la de los alcaldes y gobernadores, siendo eficientes en la articulación de las nuevas políticas y priorizando en sus programas el sector rural.