Durante las últimas semanas, los colombianos vienen escuchando acerca de la reforma al equilibrio de poderes. Como es natural, la mayoría de los ciudadanos desconoce el objeto de dicha reforma y sus efectos materiales en la vida nacional. Los argumentos son múltiples y sus componentes diversos. No obstante, sí es claro que existen algunos temas que deben corregirse de la Constitución de 1991 y otros que desnaturalizaron la carta durante más de 20 años de vigencia.

Es evidente que este proyecto no supera las dificultades que atraviesan las diferentes ramas del poder público, pero cualquier avance es útil. Nunca es posible decir que una ley o acto legislativo resuelve las complejidades estructurales de un determinado sector, entre otras razones porque una nueva política desata otras iniciativas adicionales para su implementación.

En primer término, la decisión de eliminar la figura de la reelección presidencial, además de todas las otras formas de reelección como la del fiscal, el procurador, etc., da muchas más garantías a los procesos electorales futuros y permite que el titular del cargo dedique su tiempo exclusivamente a gobernar. No obstante, personalmente creo que un período presidencial de cinco años es el suficiente para proponer planes de desarrollo y políticas públicas de mediano y largo plazo mucho más convenientes para el país.

Respecto de las listas cerradas, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos voten más por los partidos que por las personas individualmente consideradas, es preciso señalar que la decadencia de los partidos y movimientos políticos en gran medida obedece a cacicazgos individuales que funcionan más por las maquinarias políticas que por los postulados ideológicos de una colectividad.

Frente a la rama judicial, y en especial su facultad nominadora, es decir la posibilidad de postular ciudadanos para altas dignidades del Estado, no cabe duda que se hace necesario mermar esta facultad para que la tarea de administrar justicia se constituya en la principal prioridad en la agenda de nuestras altas cortes.

Temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la puerta giratoria y la silla vacía para quienes incurran en delitos contra la administración pública, vienen siendo tratados hace varios años. Sin duda, hay pleno consenso frente a la necesidad de regular estas figuras como herramienta para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Por último, se viene hablando de la creación de un tribunal de aforados que investigue al fiscal general, los magistrados de las altas cortes, el contralor y el procurador general, en reemplazo de la frustrada comisión de acusaciones que no evidencia resultado alguno en sus décadas de vigencia. Evidentemente esta colegiatura será mucho más eficiente y permite regular el procedimiento actual ampliamente desacreditado y totalmente ajeno a la actividad parlamentaria.

Como es natural, esta reforma tiene amplios contradictores quiénes creen que el proyecto no resuelve los problemas estructurales del país. Efectivamente tienen toda la razón aquellos que expresan tales argumentos, pero con seguridad esta iniciativa da un paso positivo en superar ciertas dificultades de la arquitectura Constitucional.

Evidentemente, urgen reformas más terrenales que toquen directamente a la comunidad y que resuelvan las dificultades de acceso y celeridad en la administración de justicia. Son varios los anuncios del Gobierno al respecto, lo que permitirá un debate profundo al sistema judicial. Lo inaceptable es actuar de manera pasiva e inerte, o queriendo hundir de manera implacable un proyecto que apenas inicia su trámite.