Cumplidos diez años del sistema penal acusatorio, obliga reflexionar acerca de la utilidad de tan importante institución. Sin duda, el procedimiento que actualmente impera para las causas penales comulga con los postulados de la Constitución política en materia de garantías y derechos de los ciudadanos. No obstante, cuando de procesar conductas se trata, los resultados no son los mejores, siendo la dilación uno de los mayores obstáculos para llevar a feliz término la causas penales. Los altos índices de impunidad que se registran actualmente evidencian los defectos del sistema, y obligan a adoptar medidas que permitan justicia pronta y eficaz.

Con este objetivo, acaba de radicarse en el Congreso de la república el proyecto de ley número 224 de 2015, cuyos autores son el fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia y este servidor. Con dicha iniciativa se busca modificar el Código de Procedimiento Penal a fin de corregir algunas deficiencias del sistema actual. En términos generales, los principales ejes temáticos del proyecto son:

1. Como objetivo general, el propósito es acercar la justicia al ciudadano propiciando mayores herramientas en favor de las víctimas al momento de hacer valer sus derechos. Del mismo modo, se busca resaltar el control social como instrumento para lograr mayor transparencia en la justicia.

2. Se incorpora la posibilidad de que las llamadas "bacrim" o bandas criminales, puedan someterse a la justicia de manera colectiva. Es decir, que todo el aparato criminal pueda desarticularse entregando bienes, confesando delitos, reparando a las víctimas, etc. En la actualidad el sometimiento a la justicia de este tipo de asociaciones criminales solo puede darse de manera individual por cada uno de sus miembros, lo que dificulta la tarea de desarticular totalmente la banda.

3. Se establece un procedimiento abreviado para las llamadas pequeñas causas, o delitos menores como hurto, lesiones personales, abuso de confianza, injuria, calumnia, etc., a fin de agilizar el trámite para la investigación y juicio. Con ello los ciudadanos que a diario son objeto de estos delitos, verán mayor celeridad y cercanía de la justicia. Así las cosas, las victimas podrán ejercer sus derechos con mayores herramientas y en tiempos más cortos, pero lo más importante, eficacia en la lucha contra los criminales que a diario acosan a la ciudadanía.

4. Se agiliza el proceso penal para los demás delitos, eliminando la audiencia de imputación, donde la ausencia constante de las partes retrasa el proceso. Se elimina la audiencia de lectura de documentos, evitando tener que destinar meses solo para leer los oficios y papeles que las partes incorporan, etc. Sin duda se permitirá avanzar con mayor rapidez en el trámite de los procesos, evitando prescripciones y logrando sentencias oportunas.

Los problemas de la justicia colombiana se arreglan solo en la medida en que se adopten decisiones coyunturales tendientes a resolver las situaciones que a diario viven los ciudadanos. Los delitos menores se constituyen en la principal causa por la que el ciudadano se siente inseguro y descalifica la justicia, pues no observa respuesta pronta frente a estas prácticas delictivas.

En la medida en que los delincuentes evidencien que sus faltas terminan sancionándose de manera rápida y eficaz, la pena cumplirá su función disuasiva. La política criminal debe llevar a un estado menos punitivo y carcelero, pero para ello se requiere contundencia en la penalización del delincuente.