El 2015 traerá consigo la aplicación de nuevas normas dentro del Estatuto Tributario, todo bajo la ley denominada por el Gobierno Nacional como Ley de financiamiento y la cual es equivalente a las herramientas necesarias para subsanar el faltante presupuestal de la vigencia próxima tasada en 12,5 billones de pesos.

Dentro del articulado propuesto y discutido en el Congreso de la República sobresalen tres aspectos que sin duda marcarán la opinión pública a la hora de hacer referencia a asuntos tributarios.

El primero se centra en la crítica sobre impuestos temporales que terminan siendo permanentes en Colombia, caso específico el gravamen a los movimientos financieros (GMF) o conocido como el 4x1000, que si bien se ha propuesto continuar con un desmonte gradual a partir del 2015 y por los próximos 4 años; su desaparición total quedará en entredicho hasta tanto no se formule una nueva herramienta tributaria que garantice los ingresos por este recaudado.

Un segundo ingrediente está relacionado con la desaparición del impuesto al patrimonio, el cual será reemplazado por el impuesto a la riqueza. Y en este renglón surge un interrogante que estará en la agenda de próximas reformas tributarias puesto que en el trámite de la actual Ley no será resuelto: ¿Las imposiciones tributarias dependientes en su gran mayoría de lo que paguen las empresas y en general el sector productivo nacional, se traducen en desaceleración de la actividad productiva y falta de equidad con este renglón de la economía?

El recaudo estimado por el gobierno nacional entre el nuevo impuesto a la riqueza y la sobre tasa al CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) alcanza los 6 billones de pesos. Hoy en día por la tributación de estos dos impuestos se recaudan 4,5 billones de pesos.

Una tercera variable que lleva a contemplar pensamientos más allá de la urgencia en el recaudo inmediato es el deterioro en los precios internacionales del petróleo. El análisis de los efectos que este bajón trae es contundente: por cada dólar de reducción anual del barril de petróleo la afectación en las metas del balance anual del gobierno se calcula en 420 mil millones. Esto sumado al impacto que la reducción implica en el sistema general de regalías.

La Ley de financiamiento plantea ingresos por concepto de nuevos recaudos para el 2015 en una cifra equivalente al 1,4% del PIB. Esos dineros deberán financiar la inversión social propuesta por el presidente Santos para su segundo mandato. Sin embargo apalancar el sector rural, pensiones, salud, educación y primera infancia requiere del 2,1% del PIB por año. Es decir seguiremos abocados a faltantes, eso sin contar lo que valdría un escenario de posconflicto.

Aprobar esta reforma se hace necesario, es sin duda paliativa y menos imperfecta para los propósitos de lo inmediato, pero considero que el país de cara a una próxima legislatura debe avanzar sobre lo estructural: analizar ampliar la base de impuestos a las personas naturales sobre dividendos, utilidades y rentas de capital. Revisar minuciosamente las exenciones de las que disfrutan cientos de fundaciones y otro tipo de personas jurídicas; e incluso dar el debate sobre las "gabelas" que recibieron centenares de grandes empresas por cuenta de los contratos de estabilidad jurídica, aquellos que por 20 años son instrumentos intocables.