Colombia es uno de los pocos países que por mandato constitucional debe confeccionar al comienzo de cada gobierno un plan de desarrollo cuatrienal, aprobado mediante ley de la República. Tal es el plan "Todos por un nuevo país", que acaba de presentar el gobierno a consideración del Congreso y cuya discusión y análisis comienza a partir de esta semana.
Una primera constatación que es bueno reconocer es que dentro de una marcada óptica regional el realismo fiscal parece haber precedido la preparación de dicho plan. Lo que está bien. En efecto, ante la caída de los precios del petróleo el programa de inversiones públicas del cuatrienio se ha recortado en cerca de un 11% frente a lo que estaba inicialmente previsto, al reducirse de 790 a 700 millones el monto de las grandes inversiones que habrán de financiarse a lo largo del cuatrienio. 
El anuncio de que el Gobierno tampoco podrá asumir el 70% de la cofinanciación prevista para el metro de Bogotá va en la misma dirección. Ojalá este rigor se le aplique a otros rubros del gasto público (incluidos los de funcionamiento) y no solo a la capital de la República, pues ello entrañaría una discriminación inaceptable para con Bogotá.

Este acento de realismo fiscal que comienza a aparecer en el discurso oficial contrasta con el vago y ambiguo mensaje que se le había escuchando hasta ahora al Ministerio de Hacienda en materia de perspectivas presupuestales

para el 2015 y años sucesivos.

Esta es la hora, por ejemplo, en que aún no se ha dicho con claridad si habrá o no una reforma tributaria estructural en el 2015, como el propio Gobierno se había comprometido durante las discusiones de la última reforma aprobada a finales del 2014. 
Esta es la hora en que no se sabe tampoco si las proyecciones fiscales del país a partir del 2016 (no solo por la caída de los precios del petróleo, sino con el bajonazo en las proyecciones del crecimiento económico) exigirán -para poder cumplir con la regla fiscal- de un incremento en los recaudos tributarios. O si los faltantes se van a manejar a través de más endeudamiento, como ya lo han sugerido algunos responsables de la política fiscal. La misma metodología que se está utilizando para calcular cual es el umbral del endeudamiento permitido por la regla fiscal falta aún por explicar.

Todos estos interrogantes tendrán que ser dilucidados prontamente en el "Marco Fiscal de Mediano Plazo" que el Gobierno deberá presentarle al Congreso y al país en menos de dos meses; proyecciones éstas que tendrán que ser congruentes con las del Plan Cuatrienal de Desarrollo que acaba de presentársele al Congreso.

Llama también la atención la cantidad asombrosa de artículos que se le han colgado al texto del proyecto de ley del Plan. Cerca de 250. Si uno asume que en el Congreso le van a adicionar con otros tantos durante la discusión, quiere ello decir que esta ley del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2015-2018 va a contar con un abigarrado componente normativo de no menos de 500 artículos.

¿Cuántos de estos artículos están relacionados directamente con la ejecución del Plan propiamente dicho? ¿Cuántos obedecen por el contrario a que el Gobierno quiere despacharse (aprovechando el trámite expedito que por Constitución tiene el Plan) de cuanta iniciativa legal se le haya quedado atorada en legislaturas anteriores, o que hábilmente no quisiera presentar como proyectos de ley separados a consideración del Congreso? ¿Cuáles de estos artículos requerían consulta previa con las minorías étnicas, como se hizo con el Plan 2010-2014? 
Hay que tener mucho cuidado: si parte del articulado no tiene una relación directa con la ejecución del plan de desarrollo, existe el riesgo de que la Corte Constitucional lo declare inexequible al encontrar que riñe con el principio de la unidad de materia. 
Por el momento solo resta que el Congreso inicie un examen juicioso de este abigarrado documento que finalmente es la carta de navegación del país para los próximos cuatro años. Y que por su extensión normativa más parece un Plan ómnibus, como se denomina en Estados Unidos a este tipo de leyes.