Al fin se empiezan a conocer los datos agregados del déficit fiscal del gobierno nacional. Apenas provisionales, es cierto, pera ya podemos darnos cuenta por donde irá el agua al molino fiscal en los tiempos que vienen.

En declaraciones del ministro de Hacienda a la cadena Caracol la semana pasada comentó, quizás por primera vez, que el déficit agregado del gobierno nacional estaría en 2015 rondando los diez billones de pesos.

Existen razones serias para pensar que puede ser mayor. Los pronósticos de crecimiento de la economía son cada vez más inquietantes. Todas las agencias internacionales (FMI, Cepal, Oecd) y nacionales (Banco de la República, Fedesarrollo, Anif) coinciden en que el crecimiento estará más cerca del 3% que del 4% que aún mantiene el gobierno como su meta oficial. Naturalmente: a menor crecimiento menores recaudos y mayor déficit.

Pero el año fiscal más complicado será el 2016, cuando los efectos desafortunados de la reforma tributaria de diciembre del 2014 se sentirán con todo su rigor. La torpe elevación de las tarifas a la tributación empresarial que se decretó en aquel entonces conjugada con el decaimiento de la economía se reflejará en las declaraciones de renta correspondientes al 2015 que se presentan y pagan en el 2016.

Dicho de otra manera: si para el 2015 se está cantando un déficit de 10 billones (sin que el efecto de la caída de los precios del petróleo impacte todavía las cuentas fiscales en toda su crudeza y sin que aún veamos todo el impacto de la descolgada del crecimiento económico reflejada en los recaudos de impuestos), no sería sorprendente que el descuadre de las cuentas fiscales para el 2016 pueda llegar a ser del doble, o sea de 20 billones de pesos. Las cifras las tendremos con más exactitud cuando se presente el Marco Fiscal de Mediano Plazo al Congreso en pocas semanas.

En cuanta reunión empresarial tiene lugar por estos días se le solicita al gobierno una corrección de los errores que se cometieron en la reforma del 2014, cuando las tasas impositivas de las empresas se elevaron atolondradamente. La última de estas reuniones fue con el consejo gremial. Pero no la única. El gremio de las compañías petroleras ha puesto de presente cómo la exploración con relación al año pasado ha caído 80% y la sísmica un 92%. Las empresas mineras reunidas en su congreso anual en Cartagena se han lamentado en los mismos términos. A todos ellos el gobierno les responde piadosamente que tienen razón y que estudiará algún tipo de alivio para restaurar la productividad estropeada.

Ahora bien: ¿cuándo será factible introducir los correctivos fiscales que se están reclamando y ofreciendo? ¿Cómo se financiará en el 2016 un déficit que como van las cosas no será inferior a 20 billones de pesos cuando hay gastos no presupuestados, como por ejemplo el pos conflicto que no tiene previsto recurso alguno? ¿Cómo manejar un faltante de esta magnitud que habrá que financiar con más impuestos si no se quiere destrozar la regla fiscal, o sea, sin caer en los brazos facilistas del endeudamiento? ¿Se podrá hacer la famosa reforma estructural? ¿Y cuándo es ello factible?

Veamos los tiempos. Este año es electoral y la comisión de sabios que se ha conformado no alcanzará a rendir su informe definitivo en 2015. Si acaso lo haría en el 2016 para que en base a dichas recomendaciones se organice un proyecto de reforma estructural que, de aprobarse, entraría en vigencia en el 2017 y cuyos recaudos (en lo que no toque IVA que son de aplicación inmediata) solo se harían afectivos a partir del 2018. Último año del gobierno, y por lo tanto pésimo momento para aplicar una reforma tributaria estructural.

El gobierno desaprovechó el año pasado la ventana de oportunidad que había para hacer algo serio en materia tributaria. De ahora en adelante no será fácil hacerlo. Mientras tanto, el déficit fiscal empieza a mostrar sus amenazantes garras.

Posdata: México acaba de colocar exitosamente un bono de deuda pública a 100 años (vencimiento en el 2115) en los mercados internacionales. Admirable y aleccionador.