El que mejor resumió el alcance del Pipe 2.0 fue el editorial del periódico Portafolio del pasado 29 de mayo: "A decir verdad, la nueva estrategia no incluye más gastos estatales, sencillamente porque el margen de maniobra desde el punto de vista fiscal no existe. En consecuencia, lo que se quiso hacer fue anticipar la puesta en marcha de varios programas que habían sido anunciados y otros que se presentan en sociedad, a sabiendas de que su ejecución se extenderá a lo largo de todo el cuatrienio y dependerá de las disponibilidades presupuestales de cada año".

A pesar de todo, algunos de los componentes del programa Pipe 2.0 resultan saludables. Pueden servir para romper la inercia de unas expectativas económicas que venían a la baja en los últimos meses, aunque es tardío. El Gobierno demoró casi un semestre en lanzar este programa. Desde hace meses se sabía y los pronósticos de las entidades especializadas así lo corroboraban, que el crecimiento económico del 2015 -yéndonos bien- no alcanzaría más del 3%.

Sin embargo gastó tiempo precioso insistiendo en lo contrario: que el PIB del 2015 iba a estar por niveles superiores al 4%. Hasta que los hechos, que son tozudos, terminaron bajando al Gobierno de su nube de fantasía y haciéndole reconocer que era necesario poner en marcha un programa contracíclico de la economía. Por ejemplo, hace muy poco se discutió en el Congreso el Plan de Desarrollo para el 2015-2018. Aquella hubiera sido la ocasión obvia para incorporar un programa de urgencia a la inversión pública durante el cuatrienio. No se hizo. Y ahora, pocas semanas después de haber terminado el trámite de dicho plan, se anuncia afanosamente el Pipe 2.0.

Son acertados los anuncios sobre estímulos a los créditos para vivienda de clase media, la construcción de infraestructura vial y educativa, un mayor empuje a la vivienda rural y la prórroga por dos años a la exoneración de gravámenes aduaneros a la importación de insumos y materias primas no producidos en Colombia. Ayudarán a sectores intensivos en generación de empleo y a que la economía atenúe un poco la trayectoria de caída acentuada que trae.

Claro está que son ayudas asignadas a dedo para ciertos sectores y subsectores. Resultan, por lo tanto, ganadores y perdedores cuando todos exhiben quebrantos. No es ésta la manera más técnica de diseñar programas contracíclicos a base de política fiscal. Ante la evidencia de que en la reforma del año pasado se nos fue la mano en la tributación empresarial, lo más lógico hubiera sido presentar un proyecto de ley con mensaje de urgencia, recogiendo velas en lo que caracterizó la reforma del año pasado. O sea, reduciendo las inmoderadas tarifas que se le impusieron al sector productivo con la reforma del 2014.

Medidas, por ejemplo, como la de establecer zonas francas tributarias para la exploración off shore para la industria petrolera y gasífera, no son otra cosa que un contentillo insuficiente para corregir la desmesurada tributación que para ellas quedó establecida en la reforma de diciembre del 2014. Y que ya se está evidenciando con una caída del 82 % en las tasas de exploración de pozos y del 92% en la sísmica.

Otras de las medidas del Pipe 2.0 resultan francamente contradictorias. Tal es el caso de la prórroga por dos años para las gabelas injustificadas que desde el gobierno Uribe vienen rodeando la construcción de hoteles. Cuando se está convocando una comisión de expertos tributarios precisamente para que, entre otras cosas, proponga ideas sobre cómo corregir la infinidad de injustificadas gabelas que impregnan todo nuestro sistema fiscal, no tiene ninguna justificación que ahora se proponga la extensión de una de las más chocantes.

Ojalá el Pipe 2.0 arroje buenos resultados a pesar de sus falencias. El comportamiento de la economía y el del empleo (que según las últimas cifras ya comenzó a aflojar, a pesar de que era lo que mejor iba) lo requieren con apremio.