La corrupción está de moda. Y en el país político proliferan hoy los defensores de la moral, la ética y las buenas costumbres y hacen alarde de comportamientos supuestamente intachables para aprovechar ese boom mediático que se ha generado.

El fiscal general, el contralor general y el procurador general de la Nación dicen hacer un frente común para luchar contra la corrupción y anuncian con bombos y platillos la férrea voluntad de ejercer sus funciones con probidad para investigar, procesar y condenar a los indelicados funcionarios que vienen apoderándose de los recursos nacionales y regionales. ¿Podremos creerles? ¡Lo dudo! Y no porque su voluntad sea falsa, ni sus propósitos sean loables, ni sus pretensiones sean reales. ¡No! Lo dudo simplemente porque no son hombres libres ni pueden actuar como su conciencia o los mandatos legales ordenan. Son esclavos de un sistema corrupto y le deben su elección a una institución inmensamente corrupta, desprestigiada y donde campean los más atroces delitos sin que sus miembros se inmuten: el Congreso de la República.

Lo mismo pasa en el caso de las Altas Cortes. El desprestigio merecidamente ganado de nuestra justicia no tiene un motivo más allá de la pérdida de valores sociales, humanos y profesionales de algunos juristas que, en aras de ascender hasta las más altas dignidades, venden su conciencia, establecen compromisos non sanctos, declinan sus principios e hipotecan sus decisiones a sus mentores, convirtiéndose en títeres y lacayos de los peores corruptos, cuyo origen no es otro que el Congreso.

Y ahora viene el presidente Santos a decir que su máxima preocupación es acabar con la corrupción. ¡Por Dios! Un presidente que se ha valido de billonarios recursos distribuidos en el poder legislativo y judicial a título de mermelada; un presidente que ha comprado la prensa, que ha penetrado hasta las más íntimas fibras de los poderes nacionales, y que ha entregado nuestra dignidad y decoro a los peores criminales de la historia, ¿viene a decir hoy que le preocupa el estado de corrupción de su país, cuando ésta se ha alimentado desde el poder presidencial hasta convertirse en el pan de cada día? Pero dice además que presentará un proyecto de ley para controlar la corrupción. ¡Ja! ¿Ante quién tendrá que presentar ese proyecto? Pues ante un Congreso que se mueve por la mermelada, por las dádivas y por las prebendas. Entonces, de ser cierto, tendrá que empezar el Gobierno Nacional por proveerse de una buena dosis de mermelada para lograr que en el Congreso se dignen siquiera tramitar los proyectos de ley encaminados a controlar la corrupción. Es decir, tendrá que hacer alarde de su poder corrupto para controlar la corrupción. ¡Vaya paradoja! ¿Hasta dónde hemos llegado?

De todas maneras no deja de ser halagüeño que la lucha contra la corrupción esté de moda. Porque así sea para utilizarla como plataforma politiquera, algo de penetración tiene en el ciudadano del común que va adquiriendo conciencia de que en este país existe un problema gravísimo que solo depende del pueblo para ser controlado. Porque si el pueblo deja su indiferencia y asume un papel protagónico en las urnas, castigando a los corruptos, reclamando sus derechos y renovando la clase dirigente, muy seguramente podremos ver algún cambio a mediano plazo. ¿Utópico? Tal vez. Pero nada perdemos con intentarlo.

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Ver a unos cobardes encapuchados atentando contra personas inocentes, inermes y pacíficas que trataban de ingresar a la Plaza de Toros de Bogotá, es otra muestra más de la intolerancia a la que estamos llegando. Y otro más de los absurdos que suelen cometer los falsos animalistas, quienes estarían dispuestos a matar a unos cuantos taurófilos, como protesta por la violencia en los toros. Pero lo curioso es que, aupando esta revuelta, se encontraban Gustavo Petro y sus “muchachos”. Y esta es otra paradoja: para Gustavo Petro es inconcebible que se atente contra la vida de un toro en un espectáculo ancestral, pero no lo es que cientos de personas hayan muerto calcinadas en el incendio del Palacio de Justicia provocado entre la mafia del narcotráfico y su grupo político M-19. ¡Qué coherencia y qué autoridad moral!