El país se encuentra convulsionado. La trascendencia del escándalo de la financiación de las campañas políticas por la compañía Odebrecht está causando un inusual revuelo cuyas consecuencias son impredecibles. Primero, porque cuando estalló la información de millonarios dineros ingresados a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, las voces gobiernistas no se hicieron esperar para pedir investigaciones, sanciones, multas, pérdida de reconocimiento jurídico y hasta cárcel para las directivas de la campaña. Y segundo, porque esa bomba que se les apareció como un argumento oportuno para demoler a su principal adversario, se le estalló en la mano al Gobierno Nacional cuando resultó también salpicado por esos fraudulentos vínculos.

La verdad, en la conciencia de los colombianos existe la certidumbre de que Odebrecht sí pudo haber aportado para las dos campañas políticas (la de Santos y la de Zuluaga) los millonarios recursos que hoy se denuncian, pues la penetración de esa firma en los estamentos políticos de diferentes países del mundo es una realidad a la cual Colombia no es ajena. La presencia de Odebrecht en ese mundo político corrupto, indelicado, vulnerable y débil es una inversión redonda con una rentabilidad incalculable. Esa compañía, al igual que los grandes emporios económicos colombianos, sabían que le tenían que apostar a todos los políticos para mantenerlos en el bolsillo y poder pasar su cuenta de cobro cuando estuvieran en el gobierno, y máxime cuando se trataba de una campaña tan reñida y con resultados inciertos hasta el último momento.

Y a medida que pasa el tiempo, y las evidencias se hacen más palpables, las evasivas son más fabulosas y los argumentos más baladíes. ¿Que los dineros denunciados nunca entraron a la campaña de Santos Presidente? ¡Seguramente! Porque más estúpidos fueran si registraran aportes ilícitos dentro de las cuentas de la campaña. Y nadie creería que una compañía que “invierte” tan cuantiosas sumas en unas campañas políticas, lo va hacer a espaldas de los candidatos quienes serían, al momento de gobernar, los encargados de direccionar su pago. Esas son “inversiones” totalmente recuperables, tal y como quedó demostrado con el direccionamiento de los contratos de obras de infraestructura diseminadas por todo el país. Son sobornos que tienen sus consecuencias y que ambas campañas tienen que asumir con apego a la ley. No puede ser que lo que hasta ayer era un delito reprochable, repudiable, censurable y penalizable para Óscar Iván Zuluaga y su movimiento político, hoy, cuando toca al propio Gobierno Nacional, se convierta en una simple travesura del gerente de campaña y se aísle de responsabilidad al Jefe del Estado, directo beneficiado de la “inversión” que se cuestiona.

¿Qué va a pasar entonces? ¡Nadie sabe! Lo cierto es que lo que empezó como una simple denuncia que trataba de enlodar el máximo partido de oposición colombiano, terminó convertido en un lodazal en el que se revuelcan los políticos del Gobierno y pone en jaque la institucionalidad del país. Y que no vengan a decir que se trata simplemente de una denuncia de un delincuente que busca beneficios judiciales y por eso hay que desestimarla. ¡No! Porque las cárceles de Colombia están llenas de presos que han sido investigados y condenados (muchas veces sin un proceso justo), por simples testimonios de delincuentes reconocidos. Son muchos los presos que hoy purgan largas condenas, producto de declaraciones de jefes paramilitares que, sin sustentos fácticos, los han involucrado en actividades ilícitas y han obtenido beneficios tangibles. ¿Por qué en este caso entonces no pueden ser válidos los testimonios? ¿Operará la justicia colombiana con el sesgo que ha actuado, por ejemplo, en el caso de Teodora cuando desestimaron pruebas y evidencias porque supuestamente eran ilegales? ¡Largo, tortuoso y difícil camino les espera a nuestras Altas Cortes con este caso!

Repito: el país está convulsionado. Y no es para menos. Porque, de demostrarse el ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos, aquellos que hasta ayer reclamaban justicia, rigor jurídico, penalización y castigo ejemplar no podrán echarse para atrás y minimizar lo sucedido. Se entiende entonces que las consecuencias de lo que hoy los medios denuncian con frugalidad pueden tener repercusiones definitivas para el futuro de Colombia. Repercusiones que ponen en jaque hasta la estabilidad del Gobierno Nacional.