Jorge Enrique Pava


En este año 2016 se vence la vigencia de los contratos de explotación del chance en varios departamentos del país, y desde ya se empiezan a mover presiones, intrigas, palancas, negociaciones ocultas e intereses personales y empresariales para orientar las nuevas contrataciones hacia empresas específicas que se han establecido como monopolios inamovibles, indestronables y contra los cuales resulta imposible competir.
De este tema se ha ocupado casi silenciosamente el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), organismo que pertenece a la Rama Ejecutiva (adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público) e integra el Sector Administrativo de la Salud y Protección Social. Y digo que casi silenciosamente, porque ha dejado la manifestación expresa, pero sin mucha publicidad, sobre la inconveniencia de que las licitaciones para la explotación del chance estén dirigidas y llenas de requisitos que solo unos pocos pueden cumplir, garantizando así la adjudicación a un único proponente y acabando con la sana competencia que siempre redundará en mayores beneficios para la salud departamental.
De igual manera la Procuraduría General de la Nación ha expedido unas directrices encaminadas a pluralizar las ofertas y a garantizar la libre competencia en las licitaciones que se avecinan. Pretende con ello que en los procesos licitatorios no se incluyan cláusulas o requisitos que puedan, de alguna manera, generar ventajas injustificadas para algún proponente en especial, o establecer requisitos que reflejen las condiciones propias de alguna empresa o grupo de empresas en particular.
Dice la Procuraduría: “Por otra parte, los factores de evaluación o puntaje, como lo ha dicho la jurisprudencia, deben ser útiles, indispensables y determinantes para el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los participantes; de lo contrario, se podría poner en riesgo la escogencia de la oferta más favorable al interés público y transgredir los principios de la Ley 80 de 1993 como orientadores de la actividad contractual, y de esta manera garantizar que la selección se cumpla en condiciones de igualdad. Por tal motivo, no es de recibo fijar factores de evaluación en los que las entidades, por ejemplo, otorguen puntaje a proponentes que tengan instalada una infraestructura de mercadeo en los distintos municipios del departamento o darle puntaje a aquel proponente que al momento de presentar la propuesta tenga un establecimiento de comercio en el departamento. Estas situaciones podrían generar una ventaja comparativa frente a cualquier otro potencial operador que quisiera competir dentro del proceso”.
La importancia de lo que manifiesta el CNJSA y la Procuraduría General de la Nación es tal, que no nos alcanzamos a explicar el silencio que reina sobre el particular y la falta de publicidad que rodea este tema. Entendemos sí que quienes hoy explotan el chance se puedan sentir agraviados, atacados o amenazados por futuros posibles competidores, pero nuestro sistema democrático y legal exige una libre participación y una sana competencia, por lo que los gobernadores deben estar atentos a que las reglas del juego que expidan para la adjudicación del próximo contrato de explotación de chance, estén enmarcadas dentro de las leyes que nos rigen y en los mandatos de quienes están investidos para regular todo lo concerniente a dicha explotación.
Cantidades de puntos de venta preexistentes; número de empleados vinculados antes de la adjudicación; tenencia de hardware y software antes de la licitación; experiencia desbordada en explotación de chance; etc., son requisitos habilitantes que pretenden “filtrar” de entrada a un gran número de posibles participantes y coartarles sus aspiraciones. Índices financieros desbordados; situación económica direccionada; cifras ajustadas a los estados financieros de ciertos participantes; etc., son requisitos de verificación que permiten manipulación para acomodarlos a determinada empresa. Estaremos muy atentos a denunciar la inclusión de cláusulas discriminatorias, excluyentes, coartantes e ilegales, tanto en su calidad de requisitos habilitantes como de requisitos de verificación. Esta gobernación ha pregonado transparencia. Podríamos empezar por iniciar el proceso licitatorio del chance desde ya, con reglas de juego definidas que les dé tiempo a los posibles oferentes de armarse de infraestructura y ampliar el abanico de participantes. Es decir, ampliar el chance de participar.
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