En julio 22 de 2010 el país entero se encontraba pendiente de la intervención del entonces embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Tal vez nunca en la historia de esta nación se había despertado tanto patriotismo y se habían fundado tantas esperanzas en las acciones del Gobierno Nacional en contra de sus peores enemigos. Los terroristas farianos buscaban refugio en Venezuela y Ecuador donde encontraban placidez, connivencia, asilo y salvaguardia. Las fronteras nacionales estaban cerradas para miles de terroristas que tenían sus bases de operaciones en esos países, porque en el nuestro se les había decretado el destierro y habían tenido que salir huyendo como ratas a esas selvas fronterizas.

La intervención de nuestro embajador fue ciertamente brillante; dejó claro ante el mundo la complicidad de los gobiernos mencionados con los actores terroristas, sustentada en fotografías y videos que generaron estupor y solidaridad mundial con Colombia. Más lúcidas no pudieron haber sido las acusaciones ni más lógicas las peticiones de intervención internacional en territorios vecinos para que comprobaran la verdad de los argumentos. Las Farc estaban debilitadas, abatidas, diezmadas, acobardadas y cuasidesterradas. Nuestro país asestaba duros golpes a los cabecillas criminales y descubría valiosos archivos digitales que ponían en evidencia la participación de actores de nuestra vida política, como Teodora o La Negra, quien quedó detectada en varias grabaciones internas de las Farc. El repudio era general en millones de colombianos, menos en las Altas Cortes donde desestimaron las evidencias encontradas porque supuestamente eran "evidencias ilegales".

Pues bien, hoy las Farc, a través de la Fiscalía General de la Nación, le pasa la cuenta de cobro al entonces embajador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal quien parece tener en su destino la marca ignominiosa de la persecución selectiva. Antes de esto se le había decretado la muerte política por haber tenido dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo, cuando era congresista de la República, a una funcionaria que viajó a capacitarse durante cuatro meses a New York y siguió devengando su salario, como si en esta era de las comunicaciones las distancias fueran óbice para desempeñar labores intelectuales. Pero, curiosamente, mientras a Luis Alfonso se le decretaba la muerte política por estos motivos, dentro de las UTL de muchos congresistas se encontraban vinculadas sus empleadas domésticas, sus choferes personales o sus mensajeros. Y el silencio reinó.

A Luis Alfonso Hoyos se le vincula hoy con el hacker Sepúlveda y se le acusa de espionaje, violación de datos personales, uso de software malicioso, acceso abusivo a un sistema y concierto para delinquir. Y se le persigue sin tregua como si se tratara de un delincuente de baja laya, mientras el propio Gobierno Nacional intercede para que Simón Trinidad sea liberado y la Fiscalía le levanta las órdenes de captura a los terroristas farianos que descansan plácidamente en La Habana. ¡Qué tal!

Nuestra Fiscalía General se ha convertido en un instrumento político del poder. Es un medio para presionar, perseguir, acosar, reprimir y anular a la oposición; es un puente entre la dictadura y la farsa democrática. Que hubo demasiadas torpezas en el manejo del caso del hacker Sepúlveda no se puede desconocer. Que hubo soberbia, versiones desenfocadas, ligerezas mediáticas, negaciones pueriles, tampoco se puede negar. Pero de ahí a condenar a Luis Alfonso Hoyos porque con sus presuntas acciones quería desprestigiar el proceso de paz de La Habana, hay mucho trecho. (Peor actuó Teodora en México azuzando a todos los países del mundo en contra de Colombia y nadie dijo nada). Porque esa farsa está de por sí desprestigiada desde el momento mismo en que, a pesar de las concesiones interminables de este pusilánime Gobierno, se siguen presentando actos terroristas y de barbarie en contra del pueblo colombiano. ¡Adelante, Luis Alfonso! Tarde o temprano la justicia brillará.