El único límite a los sueños es la cruda realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y una corrupción galopante, los Acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un tremendo conejo para las Farc, o apenas un montaje para pavimentar su camino de reincorporación, impunes, millonarias, con sus tierras, sus malhabidos recursos y sus derechos civiles intactos; listas para entrar a la política colombiana. 
La Comisión de Paz del Congreso estimó el costo del mal llamado posconflicto -la violencia narcoterrorista seguirá, vivita y coleando, mientras haya narcotráfico- en 90 billones de pesos, sin contar, según el senador Roy Barreras, “lo que vale el fin del conflicto, es decir, el desarme, la desmovilización y la reintegración de 18.000 excombatientes de grupos subversivos, que cuestan $630.000 millones”. Con razón, un estudio del Bank of America lleva esa estimación hasta 106 billones en diez años. 
La gran mayoría de estos recursos se destinará al desarrollo rural, con énfasis en los primeros cuatro años. Por ello, el senador Barreras estima que, para 2017 y 2018, se requerirán 16 billones ¡adicionales! en los respectivos presupuestos, y el subrayado es porque el Gobierno está haciendo cuentas alegres con la plata que ya se está gastando. 
Dicen que “del cuero salen las correas”, pero lo que no vemos es el cuero. Cuando estas cifras se publicaron, a mediados del año pasado, un optimista o desinformado subdirector del DNP declaró que, a partir de 2013, el presupuesto para el sector agropecuario aumentó de 3 a 5 billones de pesos anuales, y estimó que se mantendría constante al menos durante los próximos cuatro años.
La información oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) dice otra cosa. La apropiación final -después de recortes- fue apenas superior a 1,4 billones para 2012 (menos de la mitad de los 3 billones), y entre 2013 y 2015 apenas superaron los 2,7 billones anuales. Ad portas del posconflicto, con las apretadas de cinturón de una economía en suspenso, la apropiación final del MADR para 2016 ya va en apenas 1,7 billones.
Aun así, el periodo 2013-2015 contó con las mayores apropiaciones en los últimos años, siete veces mayores a la de 2005 -apenas 0,36 billones-. Lo que no se ha visto es el impacto. Para acallar el “tal paro agrario” de 2013, el Gobierno lanzó el Pacto Nacional Agrario, con la promesa de un billón de pesos para proyectos productivos. Según Finagro se presentaron más de 3.000. Las organizaciones ganaderas, con la asesoría del Fondo Nacional del Ganado, para entonces administrado por Fedegán, presentaron más de 300 que fueron preseleccionados, pero del “tal billón” no hubo nada y nadie dio explicaciones sobre el Pacto ni sobre los recursos. 
Como no las ha dado el ministro Iragorri sobre los 2,4 billones destinados a inversión durante 2015. ¿Dónde está la plata? ¿En qué se gastó? ¿Qué se contrató y con quién se contrató? Si hoy no se ven los resultados, ¿qué esperar de los inciertos recursos del posconflicto? 
No es claro cómo se va a financiar la Reforma Rural Integral, con su nueva institucionalidad y sus doce Planes Nacionales para transformar el campo. De dónde saldrán los 16 billones adicionales para 2017, si en el año de la firma y las promesas apenas tenemos una décima parte de esa cifra. 
Lo dicho. Mucho me temo que el Gobierno y las Farc saben que los acuerdos son incumplibles y solo servirán de telón de fondo a la farsa de su reincorporación.