Tal vez ya mencionamos, en columna anterior, que el porcentaje de cartera morosa del crédito agropecuario (11,8%) es casi el doble del promedio para toda la economía (6,6%). Así las cosas, es muy fácil concluir, a priori, que estamos ante un sector mala paga y, también, que el crédito agropecuario entraña mayor riesgo para el prestamista y, por lo tanto, es esa la razón para que sus tasas sean las más altas del mercado.

Habría que precisar estas afirmaciones. El productor agropecuario, como cualquier otro, amortiza cumplidamente sus deudas, siempre y cuando su negocio rinda lo proyectado. Pero claro, no es lo mismo fabricar neveras que sembrar papas o producir leche, actividades con mayor siniestralidad y menor cobertura de seguros. ¿Cómo pedirles a los ganaderos de la Costa que paguen sus deudas, si sus vacas se están cayendo muertas en los potreros por falta de comida y agua como consecuencia de un fenómeno ambiental? ¿Cómo hacer lo mismo con los productores de leche afectados por inundaciones devastadoras? Las neveras no se dan en cosecha, como la papa. ¿Cómo protegerse entonces frente a los picos de producción estacional que deprimen los precios? Es ahí donde está la mora rural y no en una cultura de no pago.

Parece obvio entonces, que el crédito agropecuario tenga tasas altas, pero no lo es tanto cuando se desmenuza el tema. Primero: no hay que olvidar que se trata de crédito de Fomento, es decir, para un sector que, por su condición estratégica y vulnerable, debe ser protegido por el Estado y disponer de especiales condiciones de crédito, como ordena la Constitución Nacional para el sector rural. En otras palabras, frente a tal vulnerabilidad, el Estado debe asumir parte del riesgo; de eso se trata el crédito de fomento. Por ello, nadie pensaría en dárselo a la telefonía celular o a la televisión privada.

Segundo: Vimos también que si a las altas tasas, de hasta 14,5% e.a., les descontamos la bajísima de redescuento, lo que queda es un porcentaje de intermediación para los bancos, desproporcionado frente al riesgo que asumen. Ni siquiera comprometen su capital, pues ya sea crédito de redescuento o cartera sustitutiva, los recursos son físicamente de Finagro en el primer caso, y en el segundo están bajo su control, pues lo que hace el banco es sustituir una obligación legal, es decir, si no los presta directamente con mayor libertad de condiciones, debe entregarlos a Finagro en Títulos de Desarrollo Agropecuario.

Tercero: En cuanto a garantías, cuando el Estado no las asume directamente a través del FAG, los bancos exigen garantía real y, como también ya vimos, en la mayoría de los casos el productor se ve obligado a amarrarse con hipotecas exclusivas e integrales sobre sus predios, para garantizar deudas que resultan sobreprotegidas.

Cuarto: Si el crédito aprobado, previo estudio exhaustivo de su viabilidad, resulta beneficiado con el Incentivo a la Capitalización Rural –ICR–, no solo el capital se reducirá entre un 20% y 30%, sino que el productor será sometido a un segundo y más minucioso proceso de evaluación, que incluye caracterización del predio, formulación del proyecto, contratación de asistencia técnica y riguroso control de inversión, entre otros condicionamientos. En este caso, el poco riesgo que le queda a los bancos se reduce todavía más, pero las altas tasas permanecen inamovibles. ¿Por qué?

La verdad, el margen que le queda a la banca por el crédito de fomento agropecuario no debería ser de riesgo sino de mero trámite, es decir, mucho más bajo. Otro factor que mejoraría el flujo de crédito hacia el productor agropecuario y la calidad de la cartera.